Sumar avisa a vocales del CGPJ que aprobaron la declaración contra la amnistía: “Nadie está por encima de ley”

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha avisado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aprobaron la declaración institucional contra la proposición de ley de la amnistía que presentó el PSOE de que “nadie está por encima de la ley”.

“Nosotros creemos que nadie está por encima de la ley, tampoco están por encima de la ley los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Creemos que no se puede permitir esta politización de la Justicia”, ha señalado a las puertas del Tribunal Supremo, donde el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha presentado una querella contra 10 vocales del órgano de gobierno de los jueces por un presunto delito de prevaricación.

En declaraciones a la prensa, Santiago ha explicado que han interpuesto una querella contra el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, y otros nueve vocales “que votaron a favor del acuerdo del pasado 6 de noviembre” sobre la ley de amnistía al considerar que “claramente” excedieron “los límites de sus competencias” y dictaron “una resolución en un procedimiento administrativo claramente contrario a la legalidad y fuera de sus competencias”.

En este sentido, el dirigente ha incidido en que lo que pretenden desde el grupo parlamentario es que el alto tribunal aplique su “jurisprudencia en materia de prevaricación”.

Preguntado sobre si el PSOE le ha comunicado su intención de emprender también acciones judiciales contra los vocales, Santiago se ha limitado a apuntar que la querella presentada este viernes responde a una decisión del Grupo Parlamentario de Sumar como “parte legítima”.

Para Santiago, se trata de un delito de prevaricación presuntamente cometido por unos vocales que “tienen su mandato vencido hace prácticamente 5 años” y “siendo conscientes, porque además lo reflejan en el acuerdo que toman, de que no tienen competencias para tomar ese acuerdo”.

Así las cosas, ha recalcado que “no tienen competencias” no solo porque están funciones y “sus competencias están absolutamente claras, establecidas en la ley y, entre ellas, no se encuentra esta”, sino también porque “además se pronuncian sin tener competencia para hacerlo” porque no se trata de un anteproyecto de ley, casos en los que sí debe pronunciarse el Consejo mediante informe. Y, en este contexto, ha recordado que en ese momento, “no existía ni anteproyecto, ni proposición de ley, ni texto de ninguna ley”.

APRECIA UNA “ESTRATEGIA POLÍTICA”

Asimismo, Santiago ha insistido en que, con dicho acuerdo, los vocales “incumplen lo que reclaman a otros órganos del Estado”: “el absoluto respeto de la división de poderes y el mismo respeto que exigen a los demás poderes para que no cometan injerencias en las actuaciones del Poder Judicial”.

“En este caso lo omiten. Lo omiten en un pronunciamiento en el que están claramente haciendo una declaración política. Una declaración política que no tiene fundamentación jurídica alguna”, ha señalado.

Al hilo, ha apuntado que desde el grupo parlamentario consideran que se trata de “un acuerdo administrativo que forma parte de una estrategia diseñada en ámbitos políticos en el que entran de forma realmente impensable”.

Preguntado por la prensa sobre la reacción de Guilarte, que ha calificado de “maniobra política” la querella de Sumar, ha sido tajante: “Yo reto a cualquier asesor de Guilarte o a cualquier vocal del CGPJ a que discuta la querella desde el punto de vista jurídico, que dejen de hacer política, que dejen de pronunciarse buscando una valoración política”.

AFEA LAS MANIFESTACIONES DE JUECES

Al margen, Santiago ha afeado las manifestaciones efectuadas en las últimas semanas por jueces en las puertas de los juzgados. “Es evidente que en ningún país democrático los jueces convocan manifestaciones para protestar contra afirmaciones relativas a que estén politizando la Justicia”, ha dicho.

Y ha incidido en que “en el momento en que convocan manifestaciones queda claro que están comportándose como un actor político”. “No son manifestaciones que realizan para defender intereses profesionales, sino para mostrar una determinada posición política”, ha añadido.