Choque Gobierno por reforma LECrim

La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada este martes en el Consejo de Ministros, ha vuelto a provocar un choque interno en el Gobierno, al advertir Sumar que no apoyará la norma cuando llegue al Congreso si persiste la limitación de la acusación popular en el texto.

En un comunicado, Sumar ha expresado este martes su rechazo a limitar el ejercicio de la acusación popular por parte de asociaciones, sindicatos y la sociedad civil en general, trasladando su discrepancia al PSOE.

El socio minoritario del Ejecutivo ha defendido que a lo largo de los últimos años este instrumento se ha demostrado como “imprescindible” para “el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político”.

Por otro lado, ha enfatizado que es necesario que la nueva ley contenga “más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso, y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado”.

Por todo ello, Sumar ha mostrado su disconformidad en el seno del Ejecutivo y avanza que no apoyará en el Congreso restringir la acusación popular. En su lugar, ha proclamado que trabajará para su “fortalecimiento así como para introducir más previsiones garantistas en la ley”.

Después, en una rueda de prensa en el Congreso, el portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha recalcado que la figura de la acusación popular es una “conquista democrática de la sociedad española” que prácticamente no existe en otros países de Europa y que debe ser preservada, pues ha servido, entre otras cosas, para que se investigase al exdictador chileno Augusto Pinochet o el caso Caso Gürtel.

LÍNEA ROJA

En concreto, Sumar aprecia “desequilibrios” en el texto del Ministerio de Justicia y no entiende, por ejemplo, que se excluya expresamente a los sindicatos del ejercicio de la acusación popular pero no se haga lo mismo con las patronales.

“Para nosotros es una línea roja que no puedan ejercer la acusación, por ejemplo, los sindicatos, cuando sí pueden hacerlo las organizaciones empresariales. Estoy convencido que no se ha reflexionado suficientemente sobre esa cuestión que no tiene ninguna explicación lógica”, ha deslizado.

Desde su punto de vista, el problema no es qué tipo de personas jurídicas o particulares ejercen esta acusación, sino la conexión que haya entre el objeto de esas organizaciones y el interés que se quiere defender y eso es “lo que hay que precisar en la ley”. Por ejemplo, considera que no tendría ningún sentido que la ejerza una asociación de empresarios de industria en una causa que tenga que ver con el ejercicio artístico.

REGULACIÓN ESTRICTA PARA EVITAR FRAUDES

“No contemplo la posibilidad de que se dificulte el ejercicio de la acusación popular hasta el extremo de que no se pueda apoyar la ley”, ha respondido al ser preguntado por si el socio minoritario del Gobierno podría votar en contra o abstenerse cuando llegue al Congreso.

Santiago admite que la existencia de esta figura permite “que se cometan fraudes de ley” cuando se usa para fines distintos a los pretendidos por la legislación. Por eso aboga no por limitarla, sino por hacer una regulación “estricta que limite esos fraudes”. “Que no se produzcan abusos es también función de los tribunales, que deben ser capaces de examinar cuándo se está utilizando de forma espuria”, ha añadido.

Además, ha explicado que es partidario de la fijación de fianzas que “disuadan de fraudes de ley” pero siempre que sean “proporcionales” y que no que “impidan” el ejercicio de la acción popular.

TORTURAS Y DETENCIONES CON GARANTÍAS

También ha destacado que la norma aprobada por el Consejo de Ministros adolece de “falta de mecanismos para prevenir e investigar casos o denuncias por malos tratos o torturas”, un asunto por el que, según ha recordado, España “arrastra varias condenas”.

En este contexto, aboga por la inclusión de mecanismos para que las detenciones se hagan con todas las garantías y se eviten situaciones en las que se pueda ameritar la interposición de un ‘habeas corpus’.

Sumar también alerta de que en el texto de Justicia está “mal resuelto” lo relativo al derecho a no declarar contra uno mismo, puesto que da pie a “estigmatizar” a quien lo haga, y también plantea que se retoque algún aspecto relativo a los recursos.

Con todo, Santiago ha mostrado su confianza en que las mejoras que propone Sumar puedan incluirse durante la tramitación parlamentaria, habida cuenta, además de que, según ha dicho, hay otras fuerzas aliadas del Gobierno que también las respaldan.