El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha planteado destinar 2.000 millones de euros a la compra masiva de viviendas, incluidas las de particulares, ante los largos plazos que supone la construcción de nuevos inmuebles en el parque público.
En una entrevista, Ibáñez ha subrayado el momento “histórico” que vive el país en relación con la crisis de la vivienda, con precios cada vez más elevados tanto en alquiler como en compra, debido, entre otros factores, a la presencia de grandes fondos de inversión y al auge de apartamentos turísticos y de temporada.
Según ha advertido, esta situación ha provocado que una de cada tres personas que vive de alquiler haya tenido que cambiar de barrio en el último año, algo que considera especialmente grave porque “rompe el tejido social del barrio” y tiene consecuencias a nivel sanitario y educativo.
Ante este escenario, el diputado ha defendido varias medidas para paliar la crisis, como la prórroga de alquileres, la prohibición a fondos de inversión de adquirir viviendas, la limitación de los apartamentos turísticos y, especialmente, la compra directa de inmuebles por parte del Estado.
“Construir y licitar obra pública es profundamente pesado y tardío. No tenemos tiempo en construir, hay que comprar lo que ya existe“, ha señalado Ibáñez, que considera que el Gobierno podría intervenir cuando grandes fondos decidan vender sus carteras inmobiliarias.
En este sentido, ha criticado la estrategia del PSOE basada en aumentar la oferta mediante la construcción de vivienda pública, defendiendo que “no hace falta construir más vivienda pública” porque España está por encima de Europa en viviendas por habitante, y ha apostado por una intervención más inmediata a través de la compra masiva.
Ibáñez ha argumentado que en décadas pasadas la construcción de vivienda pública derivó en la creación de barrios periféricos con problemas de segregación, por lo que considera necesario un enfoque distinto.
Asimismo, ha cuestionado las prioridades presupuestarias del Estado y ha planteado que, si existe margen para aumentar el gasto militar, también debería haberlo para destinar recursos a vivienda. “¿Por qué no se pueden poner 2.000 millones de euros encima de la mesa para comprar vivienda que ya está construida?”, ha planteado.
En relación con la aplicación de la Ley de Vivienda, ha coincidido con ERC en que su desarrollo está siendo limitado por la negativa de algunas comunidades autónomas, aunque ha rechazado recurrir al artículo 155 para forzar su cumplimiento.
No obstante, ha defendido que existe margen de actuación tanto a nivel estatal como autonómico, y ha instado a las fuerzas de izquierda a presionar más para impulsar medidas como la prohibición de compra de viviendas por fondos o la implantación de contratos de alquiler indefinidos.
Entre las iniciativas en marcha, ha destacado la prórroga automática de contratos de alquiler, actualmente en vigor, y ha llamado a los inquilinos a solicitarla, pese a que PP, Vox y Junts han mostrado su intención de rechazarla en el Congreso.
Por otro lado, ha criticado la postura del PSOE en las negociaciones, acusándolo de “ponerse de perfil”, y ha defendido que el Ministerio de Vivienda debe asumir un papel más activo en la adopción de medidas.
Finalmente, Ibáñez también se ha referido a la situación política, criticando la posición de Junts en este asunto y alertando sobre el crecimiento del discurso de Vox en materia de vivienda, al considerar que puede calar en determinados sectores sociales.

























































































































































































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