Transformación de oficinas en viviendas: ¿una solución para uno de los problemas más acuciantes en las grandes ciudades?

En estos días, es complejo no hablar de vivienda sin añadir la coletilla de “el gran problema de”. Y es que el acceso a un hogar se ha convertido en la principal problemática para los ciudadanos, por delante del paro o la situación económica. Un conflicto que afecta, especialmente, a las grandes ciudades, en los llamados territorios “tensionados”.

Esta es una queja común y comprensible de los jóvenes que retrasan, considerablemente, la edad para su emancipación. Pero no es el único caso. Vecinos que han vivido históricamente en un barrio y deben cambiar su área por el incremento de los precios o alquileres que suben meteóricamente de un año para otro. Las razones de la problemática varían según a quién preguntemos. Pero, a grandes rasgos, existe cierto consenso en que la demanda es muy elevada para tan pobre oferta.

Las grandes urbes, que acogen a un importante grueso de la población, ya no pueden crecer más. Y la construcción de vivienda social por parte de la administración es escasa; en algunas zonas, prácticamente nula. Por tanto, nos hallamos en un obstáculo de difícil resolución, que está activando iniciativas de muy diversa índole. Una de las más destacadas pasa por convertir parte del parque terciario, como las oficinas, en una categoría habitable.

Un concepto interesante, pero que abre otro debate: en un país que sigue en la lucha por la competitividad internacional, ¿es buena idea disminuir la cantidad de oficinas en las grandes ciudades? Bien, lo cierto es que muchas zonas destinadas a este uso en metrópolis como Barcelona siguen teniendo una elevada disponibilidad. Concretamente, en el distrito 22@ de la ciudad condal, roza el 30%. Es decir, el caso contrario: la oferta supera la demanda.

Uno de los grandes protagonistas de este escenario tiene nombre y apellidos: el trabajo remoto. El dinamismo profesional no se detiene en las principales ciudades, pero eso no significa que los trabajadores pisen, necesariamente, la sede de las empresas. Y no se trata, únicamente, de plantillas y compañías nacionales.

Determinadas urbes españolas, por su calidad de vida, atraen a muchos nómadas digitales. Talento que está enmarcado en diversos de los sectores TIC; desde expertos en el diseño de productos para el Gaming y el iGaming, como videojuegos o tragaperras online con carácter internacional, hasta streamers o gurús de la IA. Llegados de todo el mundo, son demandantes de vivienda; pero no de un puesto físico de trabajo al estilo tradicional.

Jaume Collboni, Alcalde de Barcelona, es uno de los primeros que ha querido poner sobre la mesa, de forma oficial, una solución de estas características y ha ofrecido, dentro de un paquete con otras medidas para mejorar la situación de la vivienda en la ciudad, la posibilidad de transformar algunos edificios de oficinas en residenciales.

A priori, suena interesante, pese a que es una medida que se anunció en un acto político, con cierto aroma electoral (lo que le da un carácter menos pragmático). Y, además, se refiere, como es lógico, a propiedades municipales. Es importante recalcar este punto, ya que una gran parte de las oficinas barcelonesas está en manos privadas y aquí cambian las cosas.

No es, necesariamente, un tema de voluntad; es que los requisitos para el cambio de uso son algo estrictos por la normativa local y desalientan a los potenciales promotores de esta transformación. Por ejemplo, en un cambio de uso (según el volumen), una parte resultante deberá destinarse a vivienda protegida; concretamente, un 30%. Para los pequeños propietarios ésta condición resulta casi inasumible.

¿Y Madrid? Un proyecto de estas características también ha llegado a proponerse; aunque, en esta ocasión, a través de una entidad como la de la Asociación Española de Oficinas. Según la AEO, la posibilidad de convertir 1,5 millones de metros cuadrados de suelo profesional, que está ubicado en edificios residenciales, podría implicar 25.000 viviendas más en la capital.

Cabe señalar que el Gobierno de la comunidad madrileña ya abría las puertas a este escenario con la reciente Ley 3/2024. Desde el consistorio de Madrid, se empezó a estudiar, con prontitud, lo que representaría para la ciudad. En un cálculo realizado, a corto plazo ya se estaría hablando de casi unas 7.500 viviendas.