El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado en los últimos días su retórica y acciones militares en el hemisferio occidental, anunciando que la Casa Blanca está “preparada para iniciar ataques terrestres” contra los cárteles de la droga que, en sus palabras, “están dirigiendo México”. La declaración fue realizada en una entrevista reciente con la cadena Fox News, donde el mandatario volvió a vincular la inseguridad y la crisis del fentanilo en territorio estadounidense con la actuación de organizaciones criminales transnacionales establecidas al sur de la frontera.
Estas afirmaciones se producen en medio de una escalada diplomática y militar que ha colocado a Estados Unidos en una posición de confrontación abierta con varios gobiernos de la región. Hace menos de una semana, Washington llevó a cabo una operación militar directa en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcoterrorismo y otros delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Un cambio de escala en la política antidrogas de Washington
Hasta finales de 2025, las acciones estadounidenses contra el narcotráfico en la región habían estado centradas en operativos navales y aéreos destinados a interceptar embarcaciones y rutas de tráfico en el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, desde hace meses Trump ha sugerido la posibilidad de emplear fuerzas terrestres contra estructuras criminales identificadas en América Latina, un paso que marcaría un profundo viraje hacia la intervención directa en seguridad interna de países vecinos.
En su reciente entrevista, Trump no solo reiteró la amenaza de ataques terrestres, sino que también vinculó directamente a los cárteles con la administración de México, una acusación que ha sido recibida con rechazo por parte de la diplomacia mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado con firmeza cualquier intervención militar extranjera, afirmando que la soberanía y la constitución mexicana prohíben la presencia de tropas foráneas en su territorio, y que la cooperación bilateral debe ser exclusivamente en materia de inteligencia y apoyo judicial.
Consecuencias de la operación en Venezuela
La operación contra Venezuela ha intensificado las tensiones regionales. Tras los bombardeos y el asalto a Caracas que permitieron la captura de Maduro y su esposa, procesados en Nueva York por cargos relacionados con tráfico de drogas, diversos gobiernos y organizaciones internacionales han expresado su alarma. Líderes de países como Guatemala y figuras de la Unión Europea han pedido el respeto del derecho internacional y han criticado la intervención unilateral de Washington, mientras que otros, como el primer ministro italiano Giorgia Meloni, han considerado “legítimo” el objetivo de combatir al narcotráfico, aunque no comparten los métodos empleados.
Además, en el propio Congreso de Estados Unidos se ha generado una reacción inusual: el Senado aprobó una resolución que busca limitar la capacidad del presidente para emprender acciones militares adicionales en Venezuela sin la aprobación explícita del Legislativo,

























































































































































































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