Encuentro entre miembros del Gobierno y un investigado en la Audiencia Nacional para obtener información sobre el jefe de la UCO
Según publica El Confidencial, varios representantes del Gobierno y de Ferraz mantuvieron una reunión con un empresario investigado en la Audiencia Nacional con el objetivo de recabar datos comprometedores sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delincuencia Económica de la UCO y encargado de las investigaciones que afectan a la esposa y al hermano del presidente Pedro Sánchez, así como a la trama vinculada al caso Koldo.
El encuentro, celebrado por videollamada el pasado febrero, contó con la participación de María Leire Díez Castro, exteniente de alcalde del PSOE y designada en su momento para cargos en empresas públicas como Enusa y Correos. Acompañándola estuvieron Javier Pérez Dolset, empresario procesado por fraude de subvenciones y conocido colaborador de Ferraz, y el abogado Jacobo Teijelo, junto a otros letrados que apenas intervinieron.
En la pantalla, al otro lado de la reunión, estaba Alejandro Hamlyn, empresario con domicilio en Dubái, acusado de fraude fiscal en una operación de venta de hidrocarburos que supuso un agujero de 154 millones de euros y detenido en 2019 durante la Operación Drake. La vista oral de este caso está prevista para arrancar esta semana.
El interés de Leire Díez no era, según la información publicada, ayudar a Hamlyn con sus problemas judiciales, sino obtener datos sobre el teniente coronel Balas. El Confidencial señala que Díez, identificada como una pieza clave en las estrategias del PSOE para neutralizar a sus adversarios, lleva tiempo recopilando información sensible sobre personas y entidades a las que el Gobierno considera hostiles. Aunque el PSOE negó inicialmente cualquier relación de Díez con Ferraz, fue fotografiada en la sede del partido y varios testimonios la vinculan a las actividades de Santos Cerdán.
Durante la reunión, Hamlyn detalló supuestas irregularidades en su caso, denunció haber sido víctima de una trama dentro de la Guardia Civil y aseguró tener pruebas al respecto. Leire Díez insistió en la necesidad de recopilar datos que permitieran desacreditar a Balas, afirmando que con “cuatro cosas documentadas” bastaría para lograr su caída. Pérez Dolset también subrayó la importancia de presentar al menos un par de hechos “claros y probados”. Hamlyn, por su parte, se mostró dispuesto a colaborar, pero reclamó garantías sobre su situación judicial: “Quiero un papelito”, insistió en varias ocasiones, exigiendo un compromiso formal.
Además, el empresario añadió que podía aportar información sobre presuntos delitos cometidos por mandos de la UCO, como el tráfico de drogas: “Traían contenedores de cocaína, estos corruptos”, afirmó, intentando captar aún más la atención de sus interlocutores.
Este encuentro salió a la luz a raíz de las declaraciones de Víctor Aldama, empresario que colabora con la Fiscalía y que ya había denunciado en marzo en Telecinco que personas vinculadas al PSOE ofrecieron beneficios judiciales a cambio de información para desacreditar a altos cargos de la Guardia Civil.
La investigación sigue su curso, mientras los especialistas en delitos económicos de la UCO preparan un nuevo informe que, según la misma fuente, apunta directamente a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Este informe incluiría, entre otros elementos, mensajes en los que Cerdán se referiría a adjudicaciones de obras públicas, pese a no tener competencias en esa materia.
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