Juicio final del caso Gürtel

Veinte de los 25 acusados en la pieza principal del caso Gürtel han comunicado a la Audiencia Nacional que reconocen los delitos de fraude fiscal y de blanqueo del dinero obtenido por la trama de corrupción relacionada con el PP, entre ellos los dos cabecillas, Francisco Correa y Pablo Crespo.

La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el último juicio del caso Gürtel, una macrocausa que fue dividida en un total de trece, en el que se enjuician delitos fiscales y de blanqueo de capitales logrados por el entramado corrupto a través de sobornos a cargos del PP en ayuntamientos y comunidades autónomas para conseguir adjudicaciones de contratos entre 1998 y 2009.

Los veinte acusados que reconocen hechos buscan rebajar la pena que se les pueda imponer y en concreto Correa y Crespo se enfrentan a una petición provisional de la fiscal de 77 años de prisión, las más elevadas.

Del total de 26 acusados que se sientan en el banquillo, solo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público, lo que obliga a que se celebre el juicio, que se prevé dure hasta el 20 de noviembre, según han informado a EFE fuentes jurídicas.

Los que han buscado un pacto han sido los principales acusados, como Correa, para el que en un principio la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de cárcel por una veintena de delitos fiscales, dos de blanqueo y falsedad documental; o su mano derecha, el exsecretario de organización del PP Gallego Pablo Crespo, al que reclama la misma pena que la solicitada para el cabecilla de la red.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, Correa explica que Crespo y Ramón Blanco Balín fueron quienes se ocuparon de sus asuntos societarios y fiscales, y que hay muchas sociedades creadas por estos y Vicente Agramunt, que constan en el escrito de acusación de Fiscalía como responsables civiles.

Según su relato, en un momento determinado quiso regularizar ese dinero, pero Blanco Balín le disuadió asegurándole que ese dinero estaba protegido en la cuenta «Soleado», utilizada por personas de «máxima relevancia» en España como el rey Juan Carlos, «lo cual lamento ahora enormemente», asegura.

Correa, que se encuentra en tercer grado tras cumplir 10 años en prisión, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.

Tras mencionar la implicación de algunos de los acusados en la ocultación de su patrimonio, Correa trata por contra de exculpar a su primo Antoine Sánchez, detenido junto a él en 2009, cuando estalló el caso Gürtel, y que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por blanqueo.

Por lo que respecta a Pablo Crespo, en su escrito de reconocimiento de los hechos, al que también ha tenido acceso EFE, reitera —como ya ha hecho en otros juicios de la trama— que deducía como gastos lo que «realmente eran obsequios o prodigalidades a favor de determinadas autoridades o funcionarios o del Partido Popular».

Además, «para canalizar de forma opaca al fisco las cantidades percibidas, constituí varias sociedades en Panamá», confiesa.

Crespo también asume que era él quien daba las instrucciones a quienes dirigían las empresas del llamado Grupo Correa, entre ellas a la acusada Isabel Jordán, quien fue de las primeras en abrirse a pactar con la Fiscalía cuando echaron a andar los juicios de Gürtel.

Los pactos con la Fiscalía han sido precisamente la tónica en los últimos juicios por esta trama, por la que el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo por los beneficios que obtuvo en municipios madrileños.