Vox plantea 509 medidas para “recuperar sentido común” con deportaciones, defensa de la vida y recorte sindical

Vox ha hecho público su programa electoral para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, un documento de más de 160 páginas en el que se reivindica como “única alternativa al bipartidismo” y plantea un conjunto de reformas estructurales en sanidad, servicios públicos, fiscalidad, sector primario e inmigración, con el objetivo de, según recoge el texto, “recuperar el sentido común” en la Comunidad.

El programa se articula en doce grandes bloques temáticos que abarcan desde la organización institucional hasta la vivienda, la educación o las infraestructuras, con 509 medidas que abogan, entre otros aspectos, por “deportaciones inmediatas de inmigrantes” que cometan “delitos graves”, recortes a sindicatos o una “defensa de la vida de forma decidida”.

En el primer apartado, la formación defiende un régimen de “tolerancia cero” frente a la corrupción, con auditorías exhaustivas de los recursos públicos, personación de la Junta en causas judiciales y recuperación íntegra de fondos defraudados. Asimismo, propone revisar planes y programas autonómicos para eliminar lo que considera “gasto ideológico” y reorientar las partidas hacia servicios esenciales.

En materia sanitaria, Vox plantea “superar la fragmentación” del sistema autonómico y avanzar hacia un modelo nacional coordinado desde el Estado que garantice, según señala, la igualdad en el acceso a la asistencia. El documento incluye un Plan Integral de Reducción de Listas de Espera, la mejora de las condiciones laborales y salariales de los profesionales de Sacyl, incentivos para cubrir plazas en el medio rural y la aprobación de un Estatuto Médico propio.

También contempla reforzar la atención primaria, ampliar medios diagnósticos en centros de salud, impulsar la coordinación sociosanitaria y ejecutar o finalizar infraestructuras pendientes en distintas provincias. El texto dedica un amplio apartado a la atención a la dependencia, la salud mental y las enfermedades raras, con propuestas para incrementar recursos en cuidados paliativos, crear unidades específicas y cubrir costes asistenciales mientras no exista financiación estatal suficiente.

En paralelo, aboga por garantizar la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, suprimir el registro de objetores y ofrecer información y apoyo a mujeres con “embarazos problemáticos e inesperados para que no se vean abocadas a abortar”, dentro de lo que la formación plantea como una “defensa de la vida de forma decidida”.

En el ámbito económico y fiscal, Vox propone una “bajada radical de impuestos” y la reducción de trabas administrativas para convertir a Castilla y León en “motor de desarrollo social y económico”. Entre sus medidas figuran rebajas en tributos vinculados a la vivienda, sucesiones y donaciones, así como la implantación de una fiscalidad diferenciada para el medio rural. El programa apuesta por la reindustrialización, la defensa de la soberanía energética y el rechazo a la expansión de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos en enclaves de alto valor ambiental sin, a su juicio, planificación territorial adecuada.

Entre sus ejes programáticos también se encuentra el impulso a lo que definen un “verdadero Diálogo Social”, que, en sus palabras, “no esté sometido al chantaje de los sindicatos de extrema izquierda, adaptado a un marco de racionalización del gasto público que redunde en el bienestar de los ciudadanos”. “Eliminaremos las subvenciones públicas a partidos políticos, sindicatos y patronales -como UGT, CCOO y CEOE-, que durante décadas han vivido del esfuerzo de los castellanos y leoneses mientras actuaban como brazos políticos del bipartidismo”, detalla el programa.

La formación sitúa igualmente al sector primario como eje estratégico y propone medidas de apoyo a agricultores y ganaderos, así como la defensa de los productos de la tierra frente a acuerdos comerciales internacionales que, según sostiene el documento, perjudican a la producción nacional. En este contexto, Vox expresa su oposición a lo que denomina “fanatismo climático” y plantea blindar legalmente tradiciones como la caza, además de reforzar la protección del patrimonio cultural y promover iniciativas para difundir la historia de los reinos de Castilla y León.

En materia de políticas sociales e inmigración, el programa recoge la “prioridad nacional” en el acceso a ayudas y servicios públicos, la publicación de datos estadísticos sobre el uso de estos servicios por parte de población extranjera y la intervención de la Junta como acusación en determinados delitos. “Promoveremos el agravamiento de las sanciones penales por agresiones físicas y sexuales a mujeres, y la deportación inmediata de los infractores de nacionalidad extranjera”, añade el texto, junto a la supresión de ayudas a actividades que “favorezcan la inmigración masiva”.

El documento también pone el foco en la despoblación y la emergencia demográfica, con medidas para fomentar la natalidad, facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias mediante ventajas fiscales y colaboración con entidades financieras, y promover el teletrabajo para favorecer el retorno. En educación, apuesta por garantizar la “igualdad de oportunidades” y una enseñanza “libre de adoctrinamiento”, además de reforzar la conectividad digital en el medio rural y extender el transporte a demanda a municipios de menos de 500 habitantes.

Otro de los puntos que recoge el ideario es revertir desde el Gobierno autonómico las políticas de memoria histórica que, según sostiene, han supuesto “el derribo o la retirada de cruces y emblemas históricos en Castilla y León en los últimos años”. “Exigiremos la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de todos los bienes históricos y artísticos amenazados por las leyes de memoria histórica”, señala.

Finalmente, Vox incluye propuestas en infraestructuras para reclamar inversiones pendientes y mejorar la vertebración territorial, así como un compromiso de reducir el “despilfarro político” y simplificar la Administración autonómica. El programa concluye con un llamamiento a impulsar un cambio de rumbo en Castilla y León tras las elecciones, en las que la formación aspira a aplicar políticas que, según recoge el texto, “respondan a las demandas mayoritarias de los castellanos y leoneses”. El documento es similar al presentado en Extremadura y Aragón, con doce bloques y entre 404 y 509 medidas, en línea con el ideario nacional de la formación.