Vox quiere parar el registro de ‘lobbies’

Vox quiere frenar la reforma del Reglamento del Congreso que crea un registro de ‘lobbies’ y plantea sanciones para los diputados que incumplan determinados preceptos y, en su lugar, aboga por recuperar el español como única lengua parlamentaria, reclamar que los informes de los letrados de la institución sean públicos o que se reduzca el número de comisiones de la Cámara.

Esas son algunas de las sugerencias que han incluido los de Santiago Abascal en la enmienda de totalidad con texto alternativo que han registrado a la relativa a los ‘lobbies’ que se tramita actualmente en el Congreso a instancias del PSOE.

En su alternativa, recogida por Europa Press, Vox expone la que sería, a su juicio, la estructura ideal del Gobierno: un Ejecutivo con doce ministerios, frente a los 22 actuales, y defiende que se creen, por tanto, el mismo número de comisiones permanentes en el Congreso para tratar los asuntos relacionados con cada uno de esos departamentos ministeriales.

En concreto, apuesta por los ministerios y las comisiones de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional; Justicia; Defensa; Hacienda; Interior; Fomento; Educación y Cultura; Trabajo y Seguridad Social; Agricultura y Medio Ambiente; Presidencia y Administración Pública; Economía, Energía, Industria y Transformación Digital, y Sanidad, Familia y Servicios Sociales.

ADIÓS A LA COMISIÓN DE LA UE Y DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Para el caso de las comisiones permanentes no legislativas y de las mixtas, con el objetivo de aligerar el gasto político superfluo, aceptaría mantener sólo las de Seguimiento del Pacto de Toledo; Discapacidad; Seguridad Vial y la de control de RTVE, lo que supondría acabar, por ejemplo, con las del Defensor del Pueblo, la relativa a la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, a la Seguridad Nacional o la de insularidad.

Por otra parte, Vox quiere que el Reglamento obligue a la publicidad de los informes que elaboran los servicios jurídicos de la Cámara relativos a la tramitación de iniciativas legislativas, pues se queja de que los grupos parlamentarios que no tienen presencia en la Mesa de la Cámara quedan privados, en muchas ocasiones, de esa “documentación que sería esencial para el correcto desempeño de las funciones de los diputados”.

Vox también vuelve a denunciar que, en lugar de ejercer la iniciativa legislativa desde el Gobierno, con proyectos de ley, cada vez se opte más por la presentación de proposiciones de ley de los grupos que integran el Ejecutivo de coalición, lo que considera un “fraude”, pues así se evita que órganos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) opinen sobre esas leyes antes de que se aprueben.

Además de revertir la reforma reglamentaria aprobada al inicio de la legislatura para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara y que se pueda utilizar sólo el castellano, Vox quiere acabar con la proliferación de fórmulas de acatamiento de la Constitución que han sido validadas en los últimos años en los que varios diputados han ido añadiendo coletillas sobre temas variados. Según Vox, sólo debe dar por concedida la plena condición de diputado a quien pronuncie un mero “sí, quiero” o “sí, prometo”.

Y también busca el máximo “el respeto de los requisitos legales para la constitución de un grupo parlamentario”. Así, aboga por evitar la, a su juicio, “práctica fraudulenta” de la cesión de diputados de otros grupos. Esta fórmula consiste en que un partido cede a otro una parte de sus diputados para alcanzar el mínimo legal para constituirse como grupo, tras lo cual los diputados prestados lo abandonan y se adhieren al grupo del partido al que pertenecen o al Grupo Mixto.