Vox registra en el Congreso una iniciativa para reclamar la ilegalización de Bildu por sus “evidentes” vínculos con ETA

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha anunciado este martes que su formación ha registrado una iniciativa para que la Cámara debata sobre la conveniencia de activar el proceso de ilegalización de EH Bildu por los “evidentes vínculos” que, a su juicio, tiene la coalición abertzale con la banda terrorista ETA, que se disolvió definitivamente en 2018.

La portavoz de Bildu ha hecho este anuncio en el Congreso un día después de que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, bajo cuyo mandato se anunció el fin de la organización terrorista, reivindicara a Bildu como una organización que “ha trabajado por la paz”, una opinión que Vox considera “lamentable”.

“Para lo único que tienen que servir este tipo de comentarios es para recordarnos que la democracia no derrotó a ETA, sino que miró hacia otro lado por conveniencia política, que los herederos de ETA son el principal sustento de este Gobierno y que el PSOE hoy le debe estar donde está a los cómplices de los más de 300 atentados terroristas que quedan sin resolver”, ha argumentado la dirigente de Vox.

ETA GANÓ, DICE VOX

En opinión de los de Santiago Abascal, fue ETA la que ganó a la democracia y esa “victoria” es hoy “patente” tanto en el Congreso como en el País Vasco con la “normalización” de los homenajes a etarras, el acercamiento de terroristas presos a sus territorios de origen, la “equiparación de víctimas y verdugos” o el “éxodo” de más de 200.000 familias que tuvieron que huir del País Vasco amenazadas.

En este contexto, Rodríguez de Millán ha señalado a Bildu como “colaborador necesario de la degradación nacional impulsada por el PSOE” y ha vuelto a solicitar su ilegalización por considerarla “el brazo político de ETA”. “La Fiscalía rechazó hacerlo hace relativamente poco, hace unos años, porque todos sabemos de quién depende también la Fiscalía y ha quedado patente con la primera condena de la historia a un fiscal general del Estado”, ha deslizado.

Pero, en su opinión, “sobran los motivos” para dar ese paso porque “los vínculos entre Bildu y ETA son palpables y evidentes”, la formación que lidera Arnaldo Otegi “no ha colaborado en el esclarecimiento de crímenes” de la banda, “no se han arrepentido”, “colaboran en los actos de enaltecimiento de etarras” y “ha tenido y tiene a miembros imputados o condenados por terrorismo o delitos relacionados”.

Para Vox, todas estas circunstancias “encajan perfectamente” en los motivos de ilegalización previstos en el artículo 9 de la Ley de Partidos que dice que “deben ser excluidos de la vida pública aquellos partidos que incluyan en sus órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por delitos de terrorismo, que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas” y también los que “promuevan, den cobertura o participen en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o distinguir las acciones terroristas”.

“NI OLVIDO NI PERDÓN”

En su iniciativa, Vox también solicita que se impulsen las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que los condenados por terrorismo cumplan íntegramente sus penas, el fin de las “políticas de cesión al separatismo”, la investigación de los crímenes de ETA pendientes de resolver y “promover la búsqueda y puesta a disposición judicial de los prófugos de la justicia pertenecientes a la banda”.

“No basta con que se haya dejado de matar ni basta con que aquellas personas condenadas renunciaran a estar en las listas”, ha sentenciado, antes de anticipar que acusarán a Vox de “muchas cosas” por esta iniciativa y dejar claro que ellos no van “a mirar hacia otro lado ante la evidencia de una victoria de facto del terrorismo sobre los españoles”. “Ni olvido ni perdón frente a los terroristas que tanto daño han causado a tantas familias españolas”, ha sentenciado.

Por último, la portavoz de Vox ha admitido que les “gustaría que el PP también compartiera esta visión”, pero no ha especificado si será una de sus exigencias para un eventual pacto de gobierno con los ‘populares’ a nivel nacional.

Según la Ley de Partidos, el proceso de ilegalización sólo lo pueden iniciar el Gobierno o el Ministerio Fiscal y la decisión final compete al Tribunal Supremo. El Parlamento únicamente puede instar al Gobierno a que inicie ese procedimiento.