Vox se querella ante el Supremo contra el ministro Torres por falso testimonio en sede parlamentaria

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por la presunta comisión de un delito de falso testimonio en sede parlamentaria.

El partido sostiene que el ministro “mintió” en sus comparecencias parlamentarias sobre su relación con Víctor de Aldama, presunto corruptor de la trama Koldo, y con su socio en la trama Hidrocarburos, Ignacio Díaz Tapia. Según el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Torres sí conocía a De Aldama y abordaron juntos la compra de mascarillas en el marco de la pandemia.

En sede parlamentaria, Torres negó tanto su relación con estos empresarios como su intervención en la gestión de pagos o propuestas de negocio para la adquisición de material sanitario en Canarias. Sin embargo, la UCO concluye que “tuvo una participación muy activa e interesada en el éxito del negocio” vinculado a la trama.

La querella, presentada por el equipo jurídico de Vox, solicita que se tome declaración al propio ministro, así como a De Aldama y Díaz Tapia. Además, se requiere la incorporación de diversos documentos al procedimiento judicial.

Ángel Víctor Torres ha defendido su inocencia y ha anunciado que demandará a De Aldama por intromisión en su honor e imagen. Asegura que el informe de la UCO no prueba ninguna actuación delictiva y que todo su proceder estuvo dentro de la legalidad.

El caso ha reavivado las tensiones políticas, con críticas desde partidos de la oposición como PP y Coalición Canaria , que exigen explicaciones al ministro y piden su dimisión. Mientras tanto, el PSOE  respalda a Torres y denuncia una campaña de desprestigio sin base judicial sólida.

La investigación gira en torno a la adjudicación de contratos durante la pandemia, especialmente uno por más de 12 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. La UCO ha detectado entregas de material antes de que se formalizara el contrato, lo que ha generado sospechas sobre posibles irregularidades en el proceso.

A pesar de ello, el informe no encuentra pruebas concluyentes de que Torres recibiera sobornos. Sí acredita, sin embargo, que mantuvo contacto directo y mostró seguimiento activo en los trámites administrativos vinculados a la operación.