Vox ha registrado una iniciativa para que el Congreso repruebe a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por la reacción “desproporcionada y sobreactuada” que achaca al Gobierno tras el anuncio del nuevo protocolo para embarazadas en Castilla y León, una actitud que contrapone a la “tibieza” con la que, según denuncia, demuestra el Ejecutivo ante las “deslealtades” o incluso “delitos” que, dicen, se cometen desde las instituciones de otras comunidades autónomas.
En la exposición de motivos de su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox acusa al Gobierno de “mancillar” con “demasiada frecuencia” el principio de “lealtad institucional” al utilizar las instituciones en su propio beneficio partidista y actuar con una “hipocresía sin parangón” y con “arbitrariedad manifiesta”.
En su opinión, prueba de ello es la “desproporcionada y sobreactuada” reacción de Moncloa ante el citado protocolo anunciado por Vox en Castilla y León y la “indiferencia” o “tibieza” que muestra el Ejecutivo ante decisiones de otros gobiernos autonómicos como el catalán o el balear, a los que acusa, entre otras cosas, de promover una “persecución impune del español”, de incumplir sentencias o incluso de cometer “gravísimos delitos”.
TRATO INJUSTO Y PERVERSO
Así, el texto que los de Santiago Abascal someterán a votación en la Comisión de Política Territorial insta al Gobierno “detener” el “asalto ideológico a todas las instituciones de la Nación” que, a su juicio, viene practicando el Ejecutivo desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa mediante “la instrumentalización de las instituciones al servicio de sus intereses”.
En este contexto, plantea que la Cámara repruebe a Rodríguez por sus afirmaciones contra Vox, por “justificar” la “manipulación de las instituciones” y por su “indiferencia” ante las “constantes muestras de deslealtad a la Nación” que, en opinión de partido, realizan los “dirigentes de varias regiones de España”.
También demandan que se censure a la ministra Portavoz por “coadyuvar al trato injusto y perverso” que, sostienen, “se ha procurado a la región de Castilla y León” y, por todo ello, solicitan que el Congreso inste a Sánchez a destituirla “de forma inmediata”.
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