Zapatero reivindica su inocencia y niega las acusaciones del auto de imputación en el caso Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reaccionado este martes a su imputación en el denominado ‘caso Plus Ultra’ con un comunicado en el que defiende su inocencia, asegura haber actuado siempre dentro de la legalidad y denuncia una operación política y mediática destinada a erosionar tanto su figura como al actual Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional ha citado a declarar a Zapatero el próximo 2 de junio como investigado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en el marco de la investigación sobre el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El juez José Luis Calama sostiene en su auto que el expresidente habría encabezado una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” vinculada al supuesto uso irregular de fondos públicos.

“Todos mis ingresos fueron declarados”

En su respuesta pública, Zapatero niega tajantemente cualquier irregularidad y subraya que todos los trabajos de consultoría y asesoramiento realizados durante los últimos años fueron “legales, facturados y correctamente declarados ante la Agencia Tributaria”. El expresidente insiste en que no posee sociedades opacas ni cuentas ocultas en el extranjero y rechaza las acusaciones relativas a un supuesto entramado de blanqueo.

Fuentes próximas al expresidente sostienen además que los pagos recibidos por asesorías internacionales y labores de mediación política forman parte de una actividad profesional habitual tras abandonar La Moncloa, recordando que otros exdirigentes europeos desarrollan tareas similares en el ámbito privado.

El entorno del exlíder socialista considera que la investigación judicial se basa en “interpretaciones forzadas” y en informes policiales “sin pruebas concluyentes”, y recalca que Zapatero colaborará plenamente con la Justicia.

El PSOE cierra filas con el expresidente

La reacción del PSOE ha sido inmediata. La dirección socialista ha emitido un comunicado en el que transmite “tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia”, reivindicando además el legado político de Zapatero durante sus dos legislaturas al frente del Gobierno.

El partido considera que el expresidente está siendo objeto de una ofensiva política impulsada desde la derecha y la ultraderecha. En el comunicado difundido por Ferraz se recuerda que Zapatero impulsó medidas “pioneras en Europa” en materia de igualdad, derechos civiles y protección social, y se sugiere que determinados sectores políticos “nunca le perdonaron esos avances”.

Pedro Sánchez también trasladó su apoyo al expresidente durante una reunión de la ejecutiva federal del PSOE. Según diversas informaciones publicadas durante la jornada, el presidente del Gobierno pidió “defender el buen nombre de Zapatero” y reconoció internamente que se trata de “momentos duros” para el partido.

Registros y tensión política

La imputación ha venido acompañada de registros de la UDEF en el despacho de Zapatero en Madrid y en varias empresas vinculadas a su entorno, entre ellas una agencia relacionada con sus hijas. Las diligencias forman parte de una investigación que se encuentra bajo fuerte atención mediática y política.

La oposición ha elevado rápidamente el tono. El Partido Popular ha exigido explicaciones inmediatas al Gobierno y ha vinculado la investigación con el entorno político de Pedro Sánchez. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aseguró que “los capos de la trama empiezan a caer”, mientras Vox ha reclamado incluso una moción de censura contra el Ejecutivo.

Desde sectores progresistas, en cambio, se denuncia un posible caso de “lawfare” o instrumentalización judicial contra figuras relevantes de la izquierda española. Diversos socios parlamentarios del Gobierno, entre ellos ERC y Sumar, han pedido prudencia y respeto a la presunción de inocencia mientras avanza la investigación.

Un caso con enorme impacto político

La imputación de Zapatero supone un terremoto político de primera magnitud en España. Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es investigado formalmente por presuntos delitos de corrupción relacionados con el ejercicio de influencias políticas.

Además del impacto judicial, el caso amenaza con alterar el equilibrio político nacional en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo de coalición. Zapatero se había convertido en una de las figuras más activas del PSOE durante los últimos meses, participando en actos electorales, movilizando al electorado progresista y actuando como uno de los principales apoyos políticos y estratégicos de Pedro Sánchez.

En el seno del partido existe preocupación por el posible desgaste electoral derivado del caso, especialmente entre sectores moderados del electorado socialista. Aun así, Ferraz mantiene una estrategia de cierre de filas y considera prioritario evitar que la investigación monopolice el debate político durante las próximas semanas.

Mientras tanto, la Audiencia Nacional continuará con las diligencias y con el análisis de la documentación intervenida durante los registros practicados este martes. El próximo 2 de junio será la primera gran cita judicial de un proceso que amenaza con marcar la agenda política española durante los próximos meses.