Dos días después de la jornada del 1-O, hoy en Catalunya se vive lo que se ha llamado “paro de país“. Universidades cerradas, transportes públicos interrumpidos y los servicios mínimos funcionando correctamente, en ocasiones por encima del nivel decretado por las autoridades de la comunidad. El pequeño comercio sigue masivamente el paro, mientras el areopuerto de El Prat funciona con normalidad, aunque con poca actividad. Mercabarna y los estibadores están completamente parados, así como el sector agroalimentario.
El independentismo se debate entre la inmediata declaración de independencia (DUI), que podría acarrear una reacción internacional negativa y dar una justificación al gobierno para iniciar el procedimiento del artículo 155; o seguir tensando la cuerda a la espera de acontecimientos, con las miras puestas, quizás, en unas elecciones autonómicas “constituyentes” y una candidatura independentista unitaria que obtuviese una cómoda victoria dando cobertura a la DUI.
Todo está en el aire, y las decisiones de las altas esferas pueden precipitarse en cualquier momento.
De momento, hoy, hay 12 carreteras cortadas. El transporte público no funcionará en Barcelona hasta bien entrada la tarde, y los contingentes de Guardia Civil y Policía están siendo presionados desde la calle para que abandonen los hoteles y otros alojamientos donde se encuentran, dando lugar a situaciones de orden público de difícil resolución.
En la esfera política, tanto el Gobierno como la Generalitat intentan no ser el primero que tome una medida drástica, pues tal medida (DUI frente a 155), podría hacer que el juicio internacional, sobre todo el de la Unión Europea, se inclinara a favor de quien no dé el primer paso irreversible.
Es conocida la existencia de opiniones muy diferentes en el seno del Govern sobre cuáles son las decisiones a tomar. Los más radicales plantean una declaración de independencia inmediata, mientras otros optan por esperar. Los moderados, por su parte, intentan una candidatura conjunta (PDeCAT, ERC, CUP) para unas elecciones constituyentes en las que arrasar, dejando fuera de juego a los constitucionalistas.
En cuanto al Gobierno central, hay menos filtraciones sobre las opiniones que puedan estarse expresando en su seno, así que se desconocen exactamente sus intenciones. La puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, exigida por Ciudadanos, requiere en todo caso la convocatoria del Senado para su aprobación. El problema, ahí, no es conseguir la mayoría, porque el PP la tiene absoluta, sino los plazos necesarios. Aún acortándolos mucho, haría falta el transcurso de casi una semana para tener lista la aplicación efectiva del precepto. Esos días de margen serían de muy difícil gestión, con las fuerzas de seguridad parapetadas en Catalunya y sometidas a un acoso constante, y el riesgo de nuevos choques violentos que pondrían en tela de juicio más aún a Rajoy en el exterior.
De momento, hoy quien mueve ficha son las fuerzas independentistas. Dueñas de la calle, la huelga general parece que será un éxito, aunque todos los ojos están puestos en el riesgo de que surjan brotes de violencia durante la jornada.
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