¿Declaración Unilateral de Independencia el lunes, pero suspendida durante seis meses?

El rumor más extendido hoy es que el próximo lunes se podría dar luz verde en el Parlament a una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que al mismo tiempo incluiría una demora de seis meses para hacerse efectiva ( o alguna otra condición suspensiva similar).

Nada es seguro, porque entre las fuerzas que apoyan al Govern catalán hay fuertes discrepancias. Mientras unos presionan para que se tomen medidas inmediatas e irreversibles, otros apuestan por seguir con una estrategia de desgaste que lleve a la independencia a medio plazo.

El compromiso entre ambas posturas que hoy parece más probable es forzar la DUI para el próximo lunes, contentando así a la CUP, para, al mismo tiempo, dejarla en suspenso durante una temporada para dar la sensación de flexibilidad y voluntad de diálogo.

En medios del gobierno catalán se cree que de esta forma se ganaría legitimidad internacional y apoyo social. Una vez ganada la batalla de la prensa internacional, e incluso sembradas pequeñas fisuras en el apoyo que prestan al gobierno de Rajoy los mandatarios europeos, el objetivo sería ahora ahondar en la brecha.

La actuación policial del 1-O, convenientemente explotada, y el duro discurso del rey del día 3, pusieron en bandeja a Puigdemont una respuesta calmada y de apariencia conciliadora en su intervención institucional del día 4. Se trata de presentar al president como un activo de la negociación, frente al inmovilismo de la otra parte.

Declarar la independencia ya, el mismo lunes, sería un acto profundamente anticonstitucional que pondría a toda la comunidad internacional en contra del Govern, y podría hacer que la prensa se inclinase hacia el lado del ejecutivo central. Por eso se trataría de realizar la proclamación con una coletilla (una apelación a la negociación en un plazo dado) que dejara una vez más fuera de juego al gobierno de España. El mensaje a transmitir (“declaramos la independencia, pero no la ejecutamos para negociarlo todo de buena fe”) es inteligente y permite al gobierno catalán mantener la delantera, con el ejecutivo de Rajoy quedando siempre a remolque de los acontecimientos, asumiendo el coste de la toma de las decisiones más difíciles y de peor justificación ante la opinión pública (cierre de colegios electorales, aplicación del artículo 155, etc.)

Hoy es jueves. Rajoy ya no tiene tiempo material para convocar un pleno del Senado y conseguir la aplicación del artículo 155 antes del lunes. De esta forma, una vez más, Puigdemont se adelantaría. Rajoy tendría que aplicar el famoso artículo a posteriori, en un momento en que el gobierno catalán gozaría de mucho espacio en los medios de comunicación europeos tras la proclamación de la DUI, y estaría mostrando su cara más amable, al manifestar machaconamente su voluntad de diálogo.

Las principales disensiones en el bloque independentista provienen de la diferente interpretación que se hace del resultado del referéndum del domingo 1 de octubre. En privado algunos miembros del Govern reconocen que las cifras de participación, aún teniendo en cuenta los colegios cerrados por la policía, son decepcionantes y no avalarían la toma de decisiones precipitadas. El objetivo de superar claramente el 50% de votantes parece haber quedado lejos (aunque aún no se han hecho públicas las cifras oficiales definitivas). También ha hecho mella el hecho de que los observadores internacionales no hayan avalado los resultados, y que éstos hayan sido calificados por algún medio extranjero (más del 90% de síes) como propios de una república bananera. Tras el apabullante triunfo que supuso para la Generalitat la reacción internacional ante las cargas policiales del domingo 1 de octubre, la reacción posterior ha sido más matizada, con algunos análisis y editoriales muy críticos en diarios muy prestigiosos.  Esta evolución preocupa  mucho en el círculo de Puigdemont.

Mientras tanto, poco se sabe de los planes de Mariano Rajoy. En voz baja algunos miembros de su gobierno reconocen que se equivocaron poniendo el acento internacional en las cancillerías, dejando abandonada la influencia directa que ejercen los medios de comunicación. Reconocen, también, que la jornada del 1-O fue un desastre para el gobierno. La estrategia al parecer consiste ahora en pasar página cuanto antes de los sucesos de aquel día, poniendo el énfasis en que el número real de heridos es muy inferior al que divulgó la Generalitat, y en que algunas de las imágenes más impactantes de la jornada podrían haber sido montajes.

Más allá de esto, da la sensación de que desde el gobierno de España no se encuentra la manera adecuada de recuperar la iniciativa.