El diario El Español publica hoy una información sobre la ley de Control a la Casa Real que estarían impulsando desde las filas de UP y que esperan presentar en las próximas semanas.
La Casa Real no tiene desarrollada actualmente ninguna ley que regule y controle asuntos como sus gastos (existe una asignación a cargo de los Presupuestos, pero no se establecen los parámetros según los cuales se desglose la utilización de la misma) al estilo de otras monarquías europeas como la británica.
En Reino Unido, la monarca Isabel II presenta anualmente un completo desglose de los ingresos y los gastos de la Corona, que detalla al milímetro la utilización de los fondos públicos. En el caso de España, los socios de la coalición de gobierno de Sánchez pretenden hacer público el coste para el resto de Ministerios de los servicios prestados a la Familia Real para conocer el coste exacto de la Jefatura del Estado.
Además del aspecto económico, desde Podemos pretenden dar forma a otros aspectos no legislados de la Corona como las actividades que puede llevar a cabo el rey y las que tendría prohibidas, la supresión de la inviolabilidad, la ‘rendición de cuentas’ en el Congreso si es citado por las fuerzas políticas para explicar asuntos como el de la salida del emérito e, incluso, la posibilidad de articular un mecanismo de ‘revocación’ del monarca mediante un referéndum.
En la actualidad existe un vacío legal respecto a las actividades del rey, que solamente regula la línea de sucesión y la abdicación de Juan Carlos I (mediante Real Decreto), pero no delimita los regalos que puede o no aceptar el Jefe del Estado, la discriminación de la mujer frente al hombre en la línea sucesoria o si existe el ‘derecho a la vida privada’ de la Familia Real (algo que en países como UK tienen negado por la ley al considerar inherente al cargo su figura pública y por tanto sujeta a control del Ejecutivo en todos los aspectos).
Está por ver cómo podría afectar esta iniciativa a las relaciones entre PSOE y UP, ya que los primeros no parecen muy dispuestos a llevar a cabo modificaciones legales que pongan en cuestión la labor, los gastos o el control de la Monarquía, como declaró Sánchez en varias ocasiones desde el escándalo del emérito.
