El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal, ni decide en cuestiones judiciales de ningún tipo, pero tiene una gran importancia porque según la Constitución «es el órgano de gobierno de los jueces», es decir, es quien decide en todas las cuestiones organizativas de la profesión, y, en la práctica, el eslabón que «une» a los jueces con los políticos. Sus informes son claves en muchas materias sensibles como, por ejemplo, en la designación del Fiscal General del Estado.
Según la Constitución lo integran 20 miembros elegidos cada cinco años, 12 entre jueces y magistrados, otros cuatro por el Congreso, y otros cuatro por el Senado, entre abogados y juristas de reconocida competencia.
Lo que no dice la Constitución es quién tiene que elegir a los 12 jueces y magistrados. Se entendía en los inicios de la transición que esa elección correspondía a los propios jueces, pero enseguida se modificó este criterio y se adjudicó su designación, también, al Parlamento, por entender que esta vía era más democrática. En la práctica, por tanto, diez miembros del Consejo son designados por cada una de las cámaras. Y, más allá de la designación formal, quien realmente nombra a los consejeros son las cúpulas de los partidos en negociaciones previas. Y eso también vale para la figura clave: su presidente.
Se suelen colocar en el CGPJ, además, a destacados magistrados del Tribunal Supremo, con la intención de controlar indirectamente Salas enteras de este Tribunal, que sí que juzga determinados asuntos: la Sala Segunda (de lo Penal) o la Sala Tercea (lo contencioso), suelen estar en el punto de mira, porque suelen llegar a «entender» de asuntos que interesen a los partidos, sobre todo si están envueltos en temas de corrupción o disputas de otros tipos.
En noviembre de 2013 se produjo la anterior designación del CGPJ, así que debería haberse nombrado nuevos consejeros en 2018, pero entonces salieron a la luz determinados manejos para controlar el TS mediante las designaciones alguna de las salas, y las negociaciones se rompieron. El PP planteó volver al sistema de elección anterior, se paralizó todo y… desde entonces hasta ahora, disputas y problemas, vetos de unos y vetos de otros, pero ni una sola renovación.
(Amp) En verano parecía que iba a haber acuerdo, pero ha llegado el nuevo curso y seguimos igual. Ahora le toca al PP paralizar la designación, porque no quiere que haya consejeros “de Podemos” contaminando el órgano.
Los consejeros anteriores han seguido mientras tanto en el cargo, pero se han cansado de la interinidad y empezado a presionar para que se cumpla la ley de una vez, y se renueve el órgano. Después de adoptar una actitud de “brazos caídos”, que no sirvió para nada, ahora han optado por lo contrario, para ver si los políticos se ponen las pilas: van a volver a tomar decisiones y a hacer nombramientos internos.
Ahora el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha señalado este miércoles, según Europa Press, que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuyo mandato finalizó hace dos años no debería hacer nombramientos de cargos judiciales. Por eso ha llamado al PP a retomar la negociación para renovar el órgano de gobierno de los jueces. El titular de Justicia ha indicado que, en estas condiciones, los miembros del CGPJ no deberían llevar a cabo nombramientos judiciales como los planteados en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias o la Presidencia de la Audiencia Provincial de Ourense.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha difundido un WhasApp en el que Casado se comprometía a renovar el Consejo “al 99%”. Casado le ha respondido airado, y… el espectáculo continúa.
