El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que instruye la pieza ‘Dina’ ha puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación y que le colocan en una situación de indefensión y de descrédito profesional.
En un escrito de cuatro páginas dirigido al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional denuncia una campaña pública que se ha iniciado contra su persona en medios de comunicación y en redes sociales desde que se hizo pública hace dos días la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo en la que sometía a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, –ambos aforados–, así como de otras cuatro personas.
En su escrito, García-Castellón explica que esa campaña pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña, además de difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.
El magistrado indica que los mensajes contra su persona son “repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes”, “entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional”.
LA DENUNCIA ANTE LA POLICÍA
El magistrado adjunta la denuncia que en el día de ayer presentó ante la Policía por la naturaleza y la gravedad de los mensajes vertidos contra su persona y que podrían revestir carácter de infracción penal.
Por último, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se había visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo “no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida”.
