El abogado del administrador de Neurona, Elías Castejón, ha solicitado al juez que investiga las cuentas de Podemos que aplace las declaraciones previstas para el viernes, entre ellas las de su cliente, que está investigado en la causa, porque ha estado en contacto con una persona que ha dado positivo en coronavirus y debe permanecer confinado hasta la próxima semana.
Estaba previsto que a partir de las 10.30 horas del viernes declararan en dicho juzgado Castejón y la persona de contacto de Neurona, Eduardo López, así como Carlos García Ramos, uno de los dos administradores mancomunados de la coalición electoral Unidas Podemos, todos ellos en calidad de investigados. El juez Juan José Escalonilla también ha citado para el mismo día a varios testigos, incluido Manuel Campos García, arquitecto del proyecto de ejecución de las obras de la sede nacional de Podemos.
La ronda de comparecencias continuará el 20 de noviembre, cuando están citados para declarar como investigados Daniel de Frutos, el otro administrador mancomunado de la coalición electoral; el secretario de Comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; la gerente del partido, Rocío Esther Val; y la responsable de Compras y Finanzas de la formación, Andrea Deodato.
Respecto a las citaciones del día 20, el abogado de Castejón indica que, “salvo mala evolución o infección”, podrá acudir porque los diez días de confinamiento domiciliario terminan el 19 de noviembre.
EL CONTRATO CON NEURONA
El caso parte de una denuncia presentada en diciembre de 2019 por el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente sobre cuatro hechos supuestamente delictivos: los servicios electorales contratados con las empresas Neurona y ABD Europa; el pago de 50.000 euros de la Caja de Solidaridad del partido a la asociación #404 Comunicación Popular; el acceso no consentido al disco duro de una de las trabajadoras ‘moradas’ –la abogada Marta Flor–; y la licitación irregular de obras, incluida las de la nueva sede nacional.
Escalonilla ha cerrado el caso en lo relativo a ABD y a la Caja de Solidaridad –la llamada ‘Caja B’–, pero la causa continúa para los demás hechos denunciados, entre los que destaca el contrato suscrito con Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
El juez ve “indicios racionales” acreditativos de que los cobros efectuados por Neurona a Unidas Podemos “no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado”, sino que habrían sido “una distracción de dinero” de las cuentas del partido constitutiva de un delito electoral.
La Fiscalía aprecia igualmente la existencia de “indicios racionales suficientes de la perpetración de un hecho delictivo” en los servicios contratados con Neurona, pero ha recomendado limitar las pesquisas a este contrato al estimar que las demás cuestiones indicadas por Calvente son meros “rumores, sospechas o suspicacias”.
