La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, presentará este martes en el Congreso la última fiscalización del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizada por la institución, en la que recomendaba al Gobierno y al propio organismo encuestador corregir los desequilibrios económicos del centro en la etapa de gobierno del PP.
Esa fiscalización, que será objeto de debate en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, corresponde al ejercicio 2016 y anteriores, previos a que fuera nombrado por el socialista José Félix Tezanos. Entre enero de 2012 y diciembre de 2016 estuvo al frente del organismo Félix Requena y la titular del Ministerio de Presidencia, al que está adscrito, era la ‘popular’ Soraya Sáenz de Santamaría.
El CIS cerró 2016 con un déficit de 1,73 millones de euros. Aunque el balance actual es positivo, la institución fiscalizadora avisó entonces del riesgo de que esos ‘agujeros’ podían llevar a la disolución del centro.
En su informe, el Tribunal aprecia “debilidades significativas en el sistema de control interno del CIS” que en ese ejercicio “afectaban al correcto funcionamiento del organismo, de acuerdo con la normativa de aplicación y los principios de buena gestión”. Entre otras cosas, el organismo carecía de un programa anual comprensivo de las actuaciones previstas para el desarrollo de sus funciones.
TENDENCIA CONSTANTE A LA BAJA
En lo relativo a los estados financieros, se indica que la situación de las masas patrimoniales del CIS en el ejercicio 2016 “confirmó la tendencia constante a la baja reflejada en las cuentas de los últimos ejercicios”, pues “entre 2013 y 2016 el Patrimonio neto del CIS disminuyó en un 40%, como consecuencia del exceso de gastos sobre los ingresos del organismo”.
CON TEZANOS, BALANCE POSITIVO
La situación posteriormente parece haberse resuelto pues, según recogía el Tribunal de Cuentas en una nota actualizada, con el socialista José Félix Tezanos en la Presidencia, las cuentas del CIS para el ejercicio 2018 ya presentaban “un resultado presupuestario positivo por importe de 1.258.514,11 euros”, lo que modificaba la tendencia al desequilibrio observada en los ejercicios 2013-2017, en la etapa del PP. Esto sería consecuencia, básicamente, del superior aporte de fondos públicos que ha llegado al instituto tras el cambio de gobierno.
El informe también pone de manifiesto “la insuficiencia de los medios personales” destinados en las unidades encargadas de la gestión ordinaria de los gastos e ingresos del CIS, lo que ha dado lugar a un inadecuado sistema de distribución de funciones entre el personal del organismo. Igualmente, el Tribunal de Cuentas asegura haber detectado asimismo “deficiencias” en la contratación de los encuestadores y otro personal, así como en la tramitación de las becas de postgraduados.
En cuanto a la competencia técnica de los estudios de la institución, queda fuera del análisis del Tribunal de Cuentas, que se limita a un análisis financiero y de funcionamiento interno.
