Una jueza ha declarado la extinción de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) como persona jurídica ante la imposibilidad del partido de hacer frente a una deuda que mantiene con una extrabajadora de la formación, que además fue eurodiputada en el Parlamento Europeo, y ha dado orden para la cancelación de su inscripción en el registro de partidos políticos.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la decisión del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid, a la que UPyD ya ha anunciado que interpondrá un recurso porque considera que su proyecto es “viable y necesario para el conjunto de los españoles”.
En el auto, la jueza notifica la petición de UPyD para declararse en concurso de acreedores dado su estado de “insolvencia” e imposibilidad de “cumplir regular y puntualmente” con sus obligaciones “por falta de liquidez y desequilibrio patrimonial”.
Pero además, subraya que la formación carece de bienes suficientes para hacer frente a la deuda vigente, por lo que señala que la apertura de un procedimiento concursal sería “perjudicial” e “inútil” para resolver la situación. Por ello, da por cerrado este procedimiento administrativo y declara extinguida la sociedad Unión, Progreso y Democracia “con cancelación de su inscripción en el registro de partidos políticos”. La formación tiene ahora 20 días para interponer recurso a esta decisión.
Pese a la decisión de la jueza, desde UPyD confían en una pronta solución porque la deuda no es muy grande, afirman, y están “en vías de resolverlo”. La formación asegura que ha recurrido a la administración concursal para hacer frente a este gasto “tras muchos intentos por llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes”.
“UPyD confía plenamente en la viabilidad económica de su partido y aunque es un procedimiento complejo se espera avanzar en los próximos días”, insiste no sin asegurar que seguirá defendiendo sus siglas convencidos de su proyecto “en estos tiempos de política de baja calidad y de populismo”.
