La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado este jueves que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma no fue “pacífica” al tiempo que ha sostenido que el Ejecutivo “fue garantista y respetuoso con los derechos fundamentales”.
En una entrevista en Onda Cero, la ministra ha destacado que el “debate” vivido en el tribunal de garantías estuvo marcado por una “división clara”, decidiéndose por seis votos a favor y cinco en contra. “Con cinco votos particulares muy clarificantes y confrontados con la otra posición: incluso el presidente dijo que no era favorable”, ha recordado.
Además, Rodríguez ha puesto de manifiesto que lo que precribe la sentencia es un mecanismo de protección, el estado de excepción, con “más limitados de los derechos fundamentales” que el propio estado de alarma. De esta forma, ha incidido en que el Ejecutivo actuó en “momentos de pragmatismo” con el “absoluto convencimiento de que se estaba haciendo lo mejor”.
“Fue una buena medida que tuvo como consecuencia la paralización del virus y fue aceptada de manera muy cívica por la ciudadanía”, ha señalado la ministra portavoz, que ha descartado la posibilidad de que el Ejecutivo acudiese previamente al Parlamento para aprobar la medida con el consenso del resto de formaciones políticas.
“Imagínese”, ha exclamado, asegurando que ella misma, entonces como alcaldesa de Puertollano, tuvo que tomar decisiones “que no se ajustaban a mecanismos ordinarios”. “Pero era eso o no hacerlo, y ante la duda mejor pecar por acción que por omisión”, ha justificado. Rodríguez ha puesto como ejemplo la compra de mascarillas, donde tuvieron que tomar decisiones sin seguir los “procesos de contratación y licitación” habituales. “Era obvio que, si no, no hubiesen llegado en tiempo y forma”, ha añadido.
ES “INCUESTIONABLE” QUE EL ESTADO DE ALARMA SALVÓ VIDAS
En este contexto, la titular de Política Territorial ve “normal que el Gobierno defienda su posición” porque hay algo “incuestionable”: la “utilidad de las medidas” que tuvo que tomar en ese tiempo y que sirvieron para “salvar vidas“, eso sí, gracias también a la “responsabilidad ciudadana”. Eso sí, esto no quiere decir que el Ejecutivo no acepte y acate la sentencia, “como no puede ser de otra forma”.
