El Consejo de Ministros del próximo martes aprobará la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-ley 8/2021 que expiraban el 9 de agosto, el llamado “escudo social”.
Las últimas conversaciones llevadas a cabo entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Ione Belarra, y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños, han concluido con el consenso para prorrogar dicho decreto.
Belarra Bolaños
Entre estas medidas, se encuentra la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, la moratoria en el pago de alquileres y la prohibición de cortes de luz, agua y gas.
También figuran la ampliación del derecho al bono social para determinados colectivos, las medidas urgentes para hacer frente a la vulnerabilidad y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
A ello se suma la prórroga de la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, así como las medidas urgentes dentro de este ámbito; la flexibilización temporal del uso del fondo de educación y promoción de las cooperativas con la finalidad de paliar los efectos de la pandemia; las medidas especiales de orden jurisdiccional contencioso-administrativo y la compatibilidad de la pensión de jubilación de los profesionales que ejercen la medicina y la enfermería con el desempeño de su actividad realizada para la gestión de la situación de crisis sanitaria.
Recientemente, Belarra planteó mediante una carta a diferentes ministerio proceder con “urgencia” a la prórroga de estas medidas, dado que la pandemia y sus efectos socioeconómicos aún no han desaparecido. Específicamente se dirigió a los departamentos de Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Sanidad, Transición Ecológica, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
UNIDAS PODEMOS PIDIÓ EXTENDERLO HASTA FINAL DE AÑO
Desde Unidas Podemos habían planteado que el ‘escudo social’ se prolongara hasta final de año, al considerar que era “indispensable” mantener estas medidas para así “garantizar una adecuada protección para el mayor número posible de ciudadanos”. Sobre todo porque “siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia”, exponían fuentes de esta formación.
