El vicesecretario general de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal, ha insistido en que los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para evitar que el Tribunal de Cuentas embargue bienes a los cargos públicos del ‘procés’ son un “fraude de ley”, pero sospecha que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para “mirar a otro lado”.
Así se ha pronunciado el ‘número dos’ de Ciudadanos al ser preguntado por la consulta que ha hecho el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, a la Abogada General, Consuelo Castro, en relación con la conveniencia de realizar o no el informe que se le ha encargado sobre la “suficiencia y legalidad” de los avales asegurados por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para antiguos cargos independentistas.
NO MOLESTAR A LOS SOCIOS
En declaraciones a Europa Press, Edmundo Bal, abogado del Estado en excedencia, ha indicado que esas dudas en los servicios jurídicos del Ministerio de Justicia apuntan a “una argucia del Gobierno de Pedro Sánchez para no molestar mucho a sus socios separatistas”.
El portavoz de la formación naranja ha exhortado a la Abogacía del Estado a realizar el informe encargado sobre los avales y trabajar “en defensa del tesoro público”.
A su juicio, es “evidente” que esos avales públicos están “emitidos en fraude de ley”. En este contexto, ha señalado que es “imposible” que una administración pueda avalar el daño que se le ha cometido a la misma administración que lo avala. “Entonces, que la Abogacía mire para otro lado en este sentido, no sabemos si por imperativo de las instrucciones del Gobierno, me parece francamente mal”, ha sentenciado.
DEFENDER EL TESORO PÚBLICO
En cualquier caso, Bal considera que el escrito elevado por el abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas a la Abogacía General es el “procedimiento normal”, aunque cree que el “fondo de asunto” radica en las dudas sobre el informe que deba emitir la Abogacía del Estado.
Según ha defendido, la Abogacía del Estado nació con el objetivo de proteger el tesoro público y que, por tanto, es “competente” para emitir un informe en relación con unos avales del ICF que “puedan suponer un quebranto en ese tesoro público”.
“Es dinero de todos los españoles y de los catalanes. La Abogacía del Estado debería ejercer su función primordial de defensa del tesoro público”, ha insistido.
En todo caso, no cree que en este caso haya prevaricación porque, tal y como ha explicado, en materia de informe son opiniones jurídicas con criterios jurídicos.
