El Juzgado Central de Instrucción número 6, desde donde a finales de julio se prorrogó por tres meses la instrucción de la pieza 9 de Púnica –relativa a la presunta financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid– no quiere agotar plazos y prevé que para antes de que finalice agosto puede concluir las pesquisas.
Esta lucha contra el reloj en pleno agosto, mes inhábil para la justicia y que supone la congelación de los plazos procesales, puede despejar una de las incógnitas más relevantes de la causa: Si la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre será finalmente procesada después de permanecer como imputada desde que así lo decidiera el titular del juzgado Manuel García-Castellón en septiembre de 2019.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que hoy por hoy la balanza se inclina en favor del archivo de las pesquisas para Aguirre, por lo que, la que fuera máxima dirigente del PP madrileño durante los años que se investigan, no pisaría la sala de vistas de la Audiencia Nacional, siguiendo así la estela marcada por la también expresidenta ‘popular’ Cristina Cifuentes.
Cabe recordar que en esta pieza 9 el magistrado intenta averiguar si el PP madrileño tuvo una ‘caja b’, nutrida con donaciones empresariales, con la que financió las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Aguirre fue imputada porque, según el auto del juez, la investigación arrojaba “indicios racionales” de que sería “quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba“. Decía además que era “la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad”. “Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad”, apuntaba en 2019.
Según exponía el magistrado, al llegar Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2003 los dirigentes ‘populares’ “fijaron una estrategia para obtener fuentes de financiación para el partido, amparándose en diversas partidas del presupuesto, en principio con fines de propaganda institucional u otros que sirvieron de coartada para desviar dinero público desde las licitaciones de las consejerías de la Comunidad y adjudicar, en connivencia con determinadas proveedores de confianza, la licitación de determinados contratos de suministros”. Pero tras casi dos años imputada, ahora su situación procesal puede cambiar radicalmente.
La prórroga de la instrucción se acordó hasta el 29 de octubre porque falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre el recurso de Fiscalía contra la decisión del juez de sacar de esta pieza 9 las revelaciones hechas desde la cárcel por el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, alias ‘El Rata’, sobre “una presunta desviación monetaria a través de la sociedad Mercado de Puerta Toledo”.
