El Pleno del Congreso debatirá y votará este jueves el decreto ley que obliga a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir en su generación un sobrecoste del gas que no utilizan, un importe estimado por el Gobierno en 2.600 millones de euros.
El decreto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, recoge una batería de medidas dirigidas a frenar la histórica escalada de los precios energéticos en los últimos meses, a partir del alto coste del gas y de los derechos de emisión de CO2.
Ese día, el precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzó un precio medio de 153,43 euros/MWh, apenas unos euros por debajo del récord alcanzado un día antes. Tres semanas después, la escalada alcanzó el jueves los 288,53 euros/MWh, 135 euros más.
El decreto está en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero tal y como marca la Constitución, en el plazo de un mes natural desde su aprobación debe someterse en el Congreso a su convalidación o, en caso de no contar con apoyos suficientes, será derogado. En todo caso, los grupos pueden solicitar su tramitación como proyecto de ley para plantear cambios a través de enmiendas.
LOS APOYOS ESTÁN ASEGURADOS EN EL CONGRESO
Para sacarlo adelante, el Gobierno no precisará de mucha negociación, toda vez que los grupos de la izquierda de la Cámara han venido reclamando desde antes actuar contra la sobrerretribución que reciben las centrales de generación, con menores costes operativos y que, sin embargo, venden su electricidad acorde a la escalada del precio del gas y los derechos de emisión.
Así, a los 155 votos que suman PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno puede sumar, por lo menos, los votos de Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), Más-País Equo (2), la CUP (2), Compromís (1), BNG (1) y Nueva Canarias (1). Un total por encima de la mayoría absoluta, sin descartar todavía el apoyo de Junts, el PRC o Teruel Existe.
En total, una mayoría que previsiblemente superaría los 180 votos, frente al rechazo del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). Desde el PNV (6), socio prioritario del Gobierno, prefieren no adelantar posición al respecto, al igual que en el PDeCAT (4).
