Los grupos de la izquierda parlamentaria han apoyado este jueves en el Congreso la convalidación del decreto ley de recorte de beneficios extraordinarios de las eléctricas por el sobrecoste del gas no asumido y su tramitación sin cambios, al rechazar que pase a discutirse en la Cámara como proyecto de ley.
Así, además del PSOE y Unidas Podemos, fuerzas que integran el Gobierno de coalición y que suman 155 votos, han dado su apoyo Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Teruel Existe (1) y el PRC (1). También Compromís (1), Coalición Canaria – Nueva Canarias (1) lo han respaldado.
Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta lo han apoyado, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) se han abstenido, al igual que el PDeCAT (4).
RIBERA PLANTEA LIBRAR AL SUMINISTRO INDUSTRIAL A PRECIO RAZONABLE
Durante su defensa del decreto ley, la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera Ribera, ha recalcado el carácter temporal de la mayoría de medidas incluidas –el recorte a la sobrerretribución es hasta el 31 de marzo–, pero ha asegurado que trabaja para no aplicar el mismo al suministro de energía de las industrias a “precios razonables”.
Concretamente, ha firmado que el objetivo es no aplicar este recorte a “quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas”, con el fin de “impulsar la cobertura de precios razonables para la industria”.
Antes, ha anunciado su intención de “completar” este plan de choque “en las próximas semanas” con “medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables precios a la escalada para los consumidores industriales” y también “reforzar la posición” de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.
Asimismo, Ribera ha incidido en que “las previsiones de septiembre (cuando se aprobó este decreto ley) han quedado desfasadas”, algo que “obliga a revisar medidas adoptadas ya” y “adaptarlas”.
