El PP quiere que el Gobierno interceda ante Bolivia para lograr la puesta en libertad por motivos de salud de Jeanine Áñez y para que esta pueda tener un juicio justo por los delitos de los que se le acusan en relación con los acontecimientos de 2019 que culminaron con su llegada al poder.
El grupo popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que sostienen que el actual Gobierno “está violando los Derechos Humanos y civiles del pueblo boliviano es un hecho indiscutible”.
Asimismo, defienden que la independencia y separación de poderes ha sido puesta “en entredicho” tras la vuelta al poder del Movimiento al Socialismo (MAS), dadas las denuncias de persecución a opositores que se han producido desde entonces y las órdenes de detención dictadas en marzo pasado contra Áñez y otros antiguos dirigentes por “delitos de sedición, terrorismo y conspiración”.
En su argumentación, el PP subraya que el estado de salud de Áñez es “preocupante” pese a lo cual, “la respuesta de las autoridades bolivianas ha sido no solo mantener la situación injusta, sino incrementarla, al aumentar el plazo de encarcelamiento seis meses más”.
Recuerdan los ‘populares’, “padece hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo”, por lo cual “ha pedido varias veces que se le permita defenderse en libertad o cambiar la cárcel por arresto domiciliario, solicitud que le ha sido denegada”.
Por todo ello, el PP quiere que el Congreso inste al Gobierno a que, además de manifestar “su preocupación por la deriva” del Ejecutivo de Luis Arce” y la falta de independencia de los poderes del país” medie con él para “lograr la liberación de todos los detenidos en el marco de este contexto y garantizar el respeto a los Derechos Humanos”.
En lo que se refiere a Áñez, pide al Gobierno que “realice las gestiones necesarias” para que esta “sea puesta en libertad atendiendo a su precario estado de salud, pudiendo permanecer en su domicilio hasta la celebración del juicio por los presuntos delitos que se le imputan”.
Asimismo, el Gobierno debería instar a las autoridades bolivianas a adoptar “las medidas oportunas” para que Áñez, a quien el Ejecutivo de Arce acusa de golpe de Estado, “tenga un juicio justo con las debidas garantías procesales”.
