La Reina Letizia emprende este martes en Paraguay el que será su quinto viaje de cooperación y que le permitirá conocer de primera mano las acciones que tanto la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como las ONG españolas llevan a cabo en este país.
Doña Letizia inició este tipo de viajes en 2015, visitando entonces Honduras y El Salvador y, con excepción de 2016, ha realizado uno cada año, incluso en 2020 en plena pandemia de la COVID-19. Así, en 2017 estuvo en Senegal, en 2018 viajó a República Dominicana y Haití, en 2019 se desplazó a Mozambique y en 2020 repitió en Honduras, que acababa de ser golpeado por dos huracanes.
Al contrario que los últimos viajes, donde el foco estaba en la ayuda humanitaria y de emergencia, en Paraguay la Reina podrá conocer la labor que se realiza en materia de ayuda al desarrollo, explican fuentes diplomáticas. La Cooperación Española está presente desde hace 30 años durante los que se ha destinado unos 200 millones de euros, incluidos más de 33,4 entre 2014-2019.
Paraguay es “país de asociación prioritario” en el actual Plan Director de la Cooperación Española, pese a que gracias a los avances registrados en las dos últimas décadas hayan permitido reducir la pobreza de forma considerable, ampliar la clase media y aumentar el bienestar, haciendo que desde 2017 se le considere como un país de Desarrollo Humano Alto y de Renta Media Alta.
Pese a ello, España apuesta por seguir ayudando a este país, dado que persiste la debilidad institucional democrática y la desigualdad. No en vano, solo el 20 por ciento de las parlamentarias son mujeres, no hay ninguna gobernadora provincial y las alcaldesas representan el 11 por ciento. El Ministerio de la Mujer solo recibe el 0,004% del presupuesto, y uno de cada cinco embarazos es de menores de 15 años, destacan las fuentes.
En este sentido, el actual Marco de Asociación País (MAP), firmado en noviembre de 2020 y que abarca el periodo 2020-2023, señala que se debe apostar por intervenciones centradas en la construcción de resiliencia, el apoyo en la transición hacia modelos productivos sostenibles, la garantía de servicios sociales de calidad, el fomento de la diversidad y la inclusión, y la construcción institucional. Para ello, está previsto destinar 142 millones en este periodo.
