La Coordinadora Andaluza de emplead@s públic@s temporales, Caepat, organización que cuenta en Andalucía con “más de 20.000 asociados” y que representa a “cerca de 160.000 empleados públicos temporales en abuso de temporalidad”, ha convocado este domingo una protesta ante el Palacio de Congresos de Torremolinos (Málaga) coincidiendo con la jornada de clausura del XIV Congreso Regional del PSOE-A, a la que ha asistido el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Con esta protesta, este colectivo ha querido mostrar su “absoluto rechazo a la aprobación, el pasado mes de julio en el Consejo de Ministros, del Real Decreto-Ley 14/2021 de medidas para la reducción de la temporalidad”, y su “total disconformidad con la forma en que el Gobierno de España y el PSOE afrontan la tramitación del actual proyecto de ley para la reducción de la temporalidad”, según ha expuesto la Caepat en un comunicado.
“Nos provoca una enorme indignación contemplar como el Gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, prepara la ejecución de lo que es un auténtico ERE –expediente de regulación de empleo– que afecta a más de 800.000 familias españolas”, y “a un 70% de mujeres en edades comprendidas entre 45 años y 55 años, con familias a su cargo”.
Según este colectivo, lo que va a hacer el Gobierno “es un ERE que sanciona a 800.000 familias víctimas de abuso”, que “viola el derecho europeo”, y que “harán pagar a todos los ciudadanos con sus impuestos”.
También representantes del sindicato CGT Andalucía, Ceuta y Melilla se han sumado a esta protesta en Torremolinos “contra el ‘Icetazo'”, es decir, el “acuerdo” del entonces ministro de Función Pública Miquel Iceta “y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF por el que se va a perpetrar el ERE más grande de la historia de nuestro país”, según ha indicado el secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, en un comunicado.
CGT exige “que quienes están se quedan, y fijeza ya para quienes son víctimas de la clase política, que les han contratado fraudulentamente en las distintas administraciones y, después de años de servicio, van a ser condenados al desempleo de una firma vil y cruel por parte de quienes sólo piensan en hacer caja con los cursos de formación para las escasas plazas que se oferten en las ofertas de empleo público, que en modo alguno van a ser similares a las plazas ocupadas actualmente en abuso de temporalidad y fraude en la contratación”, según avisa el sindicato.
