El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto que contiene un paquete de ayudas por un importe de casi 214 millones de euros para paliar los daños provocados por la erupción de La Palma con el apoyo de todas las formaciones políticas en la Cámara Baja, a excepción de Vox, que se ha abstenido.
Así, este decreto, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 5 de octubre como un segundo paquete de ayudas por la erupción que comenzó el pasado 19 de septiembre, ha contado con el voto favorable de toda la Cámara, salvo un voto en contra y las 52 abstenciones de los diputados de Vox.
No obstante, el Pleno ha rechazado tramitar este decreto como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, puesto que, según han ido avanzando los portavoces de los grupos, se busca que estas ayudas lleguen con celeridad a los afectados por el volcán.
El encargado de defender la convalidación de este decreto ha sido el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que ha desgranado esta norma y ha reivindicado la actuación del Gobierno desde la erupción del volcán a mediados de septiembre.
AYUDAS DIRECTAS
AYUDAS DIRECTASEn este contexto, el decreto convalidado recoge, entre otras cosas, ayudas directas en materia de vivienda a personas físicas y jurídicas para la reconstrucción de viviendas y establecimientos industriales destruidos.
Además, 63 millones irán destinados a un ‘Plan extraordinario de formación y empleo’ para los habitantes de La Palma, que tendrán también un año de moratoria y sin intereses para las cotizaciones y se permitirá el rescate anticipado de planes de pensiones y fondos.
Para el sector agrario y pesquero el decreto incluye ayudas directas por un importe de 20,3 millones de euros para paliar los perjuicios causados por el volcán en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura. También se permutarán fincas para que los agricultores puedan continuar con su actividad y se financiará el coste de los avales para reactivar la actividad económica.
En apoyo a las infraestructuras de movilidad se destinarán 22 millones de euros para reconstruir infraestructuras; 40,5 millones de euros para redes viarias. Del mismo modo, se hará este año una exención total del Impuesto de Bienes Inmuebles para las viviendas y los daños causados y se aplazará el pago de deudas tributarias.
