El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha pedido no anticipar “juicios de valor” sobre los nombramientos de los nuevos magistrados y ha asegurado que ve “con respeto” las designaciones que aprobó el Congreso de los Diputados.
Así se ha expresado González Rivas en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, tras ser preguntado por los perfiles de Enrique Arnaldo y Concepción Espejel para el TC. El magistrado ha explicado que la comisión de nombramientos de la Cámara Baja “valoró la idoneidad de las personas propuestas”, el Congreso posibilitó los nombramientos y el propio Tribunal Constitucional, “en el uso de sus facultades normativa”, los verificó.
“Singularizar o no en una determinada persona antes de haber accedido al desempeño de la magistratura constitucional, creo que es un anticipo porque serán las resoluciones que se dicten, la capacidad y la competencia lo que consolide una jurisprudencia que emana de hace 42 años”, ha dicho el presidente del órgano constitucional, que ha defendido que éste no solo defiende los derechos “sino la aplicación del principio rector de política social” y “examina aspectos tan importantes como la constitucionalidad de la ley o la resolución de los conflictos de atribuciones y competencia”.
En este contexto, González Rivas ha destacado “dos aspectos y principios” de los jueces como son “la independencia e imparcialidad” y ha recordado que, ante decisiones que afecten a medidas políticas, existe la posibilidad de la recusación o abstención. “Corresponde al juez o al pleno del tribunal resolver si es procedente”, ha asegurado, al tiempo que ha reiterado que “aventurar esta situación sin tener en cuenta el proceso o la situación que se valora, es anticipar un juicio de valor”. “Muy respetable, pero susceptible de analizar en cada circunstancia concreta”, ha apuntado.
Sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, el presidente del TC ha confiado en que se dé una solución “lo más pronto y rápida posible” pues, según ha aclarado, el bloqueo hace que se produzcan limitaciones en instituciones como el Tribunal Supremo e impide que el CGPJ ejerza labores de “inspección, régimen disciplinario y nombramientos”.
