La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha planteado enmiendas a la futura Ley de Vivienda, a través de En Comú Podem, para lograr una regulación “efectiva” del alquiler para bajar los “precios abusivos”, algo que a su juicio ahora no está garantizado.
Además, ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cumpla su palabra y despliegue el compromiso que adquirió personalmente con ella y que también recoge el pacto de coalición con Unidas Podemos.
Junto a ello, aspira a que se dedique al menos un 1% del PIB a políticas públicas de vivienda, obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de emprender un proceso de desahucio, articular mecanismos de financiación de inmuebles destinados a alquiler social y cambiar la fiscalidad para dar bonificaciones a los promotores que ofrezcan pisos a precios asequibles.
También propone establecer un régimen sancionador que contempla sanciones, en caso de incumplimiento grave de la ley, entre 9.001 a 90.000 euros como, por ejemplo, a propietarios que eleven un 20% el importe marcado por la regulación de precios o ocultar al arrendatario que la vivienda está sujeta a la limitación de precios. Mientras, las multas leves serían entre 6.001 a 9.000 euros.
De esta forma, la aspiración del Consistorio barcelonés es que los pequeños propietarios también se sometan al índice de referencia fijado por la normativa, combinado con las bonificaciones fiscales que ya se contemplan en el texto.
Así lo ha planteado a los medios de comunicación en el Congreso tras el registro de una treintena de modificaciones al proyecto normativo, mediante la confluencia catalana de Unidas Podemos, junto a la concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, y el diputado del espacio confederal Gerardo Pisarello.
