El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha anunciado este miércoles que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana de emergencia habitacional, que obliga a ofrecer alternativas a familias vulnerables antes de poner el caso en manos de los tribunales y prevé la expropiación de pisos que lleven más de dos años vacíos de forma injustificada.
“No respeta la propiedad privada y es profundamente antisocial”, ha sostenido Garriga, que ha aprovechado una pregunta de su grupo parlamentario a la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, sobre vivienda durante la sesión de control al Govern para hacer este anuncio.
Cervera ha defendido las políticas del Govern para evitar desahucios, construir más vivienda pública y canalizar los fondos europeos hacia la rehabilitación de los edificios: “Con las competencias que tenemos, continuaremos legislando en el Parlament de Cataluña para poder adaptar las medidas a las necesidades de los catalanes”.
CREEN QUE “DISCRIMINA”
En una rueda de prensa posterior en el Parlament, Garriga ha sostenido que recurrirán la ley porque consideran que genera desigualdad entre los españoles, “discrimina a un tipo de propietarios” ante los demás y no resuelve los problemas de acceso a la vivienda.
En concreto, impugnan la obligación de ofrecer alquiler social a ciertos inquilinos, que ven contraria a la libertad de empresa, y que los propietarios deban hacer una oferta en ese sentido antes de acudir a los tribunales.
Según Vox, la regulación de la ley catalana vulnera competencias estatales exclusivas, como la competencia sobre las bases contractuales y en materia procesal, y convierte la propiedad privada en “un derecho endeble” en Cataluña.
El partido está ultimando los detalles del recurso ante el TC, que presentarán “próximamente”, ha subrayado Garriga.
INVERSIÓN EN VIVIENDA
Joan Garriga ha sostenido que en Cataluña falta vivienda social, pero “eso no justifica que la obligación de hacer caridad recaiga sobre las empresas con más de 10 pisos”.
Para garantizar el derecho a la vivienda, ha apostado por fomentar la economía y los trabajos estables, aumentar la oferta de suelo público, agilizar las licencias de construcción, bajar los impuestos e incentivar fiscalmente el alquiler, además de establecer “una prioridad nacional” para españoles en el acceso a pisos sociales.
También ha dicho que estarán “pendientes” de si la Conselleria de Derechos Sociales destina a vivienda social los 1.000 millones, una inversión que Vox propone duplicar.
