El voto rogado que desde hace más de diez años se exige a los electores residentes en el extranjero, que todavía se va aplicar en las elecciones andaluzas del 19 de junio, se acerca a su final y este mismo jueves el Pleno del Congreso aprobará su supresión y su sustitución por una serie de medidas destinadas a facilitar la participación de los votantes del exterior.
Tras la acumulación de denuncias de irregularidades con el voto de los emigrados, especialmente en comicios gallegos, los partidos pactaron en 2011 un sistema que obliga a los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a pedir el voto con antelación para poder ejercer el sufragio.
Ese sistema del voto rogado, pactado por PP, PSOE, PNV y CiU, acabó de un plumazo con las sospechas de fraude, pero también provocó el desplome de la participación electoral desde el extranjero. Con el paso de los años, hasta los impulsores de aquella reforma se fueron arrepintiendo y abogaron por dar marcha atrás.
UNA DÉCADA DE PARTICIPACIÓN EN COTAS MÍNIMAS
Más de una década después, la Comisión Constitucional del Congreso aprobó la pasada semana por amplia mayoría una reforma que acaba con ese requisito y en su lugar introduce modificaciones para facilitar que los electores del exterior puedan votar en urna en las embajadas y consulados, además de por correo, y para asegurar que sus papeletas lleguen a tiempo para su escrutinio en España.
La reforma viene de una proposición de ley presentada en febrero de 2021 por los dos grupos que sustentan el Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, y que estuvo congelada por sucesivas prórrogas hasta el pasado mes de abril. En las últimas semanas, su articulado fue modificado mediante enmiendas pactadas con el PP y otros grupos de la oposición.
En el proceso se desecharon todos los asuntos ajenos al voto rogado y que se habían planteado a esta reforma, como la rebaja de la edad de voto a 16 años o la revisión de la proporcionalidad del sistema electoral. Esas otras propuestas ya se discutirán en la subcomisión creada en el Congreso para explorar la posibilidad de una reforma más amplia de la ley electoral (LOREG).
