Unidas Podemos se desmarca de la proposición de ley para propiciar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), al ser una iniciativa “no pactada” con el espacio confederal y ser incompleta, dado que su postura es impulsar modificaciones para facilitar el relevo de todos los órganos constitucionales.
Así lo han trasladado fuentes del espacio confederal tras el registro por parte de su socio de coalición de esta iniciativa, por vía de urgencia, con el objetivo de modificar de nuevo la Ley Orgánica del Poder Judicial y facultar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nombrar a los dos magistrados que le corresponden para renovar el Tribunal Constitucional.
En este sentido, Unidas Podemos subraya que la iniciativa parte únicamente del PSOE y no está consensuada con ellos, a la vez que defienden que las modificaciones legales en este campo deberían ser de más extensión y englobar al resto de órganos pendientes de cambios, es decir, el propio CGPJ.
Ayer, el coportavoz estatal de la formación morada, Pablo Fernández, manifestó que su voluntad es que se cumpla la constitución y se renueve el CGPJ, que lleva más de tres años bloqueado, aparte del TC.
DESISTIÓ DE SU REFORMA DEL CGPJ POR FALTA DE APOYO DEL PSOE
Unidas Podemos llegó a impulsar una proposición de ley en el Congreso para habilitar la opción de renovación del CGPJ por mayoría absoluta, en caso de que no fuera posible con consenso de dos tercios de la cámara.
Pero tras meses congelada sin que se iniciase su tramitación, asumió la falta de apoyo del PSOE a esta planteamiento, lo que supuso de ‘facto’ su retirada, aunque se mostraba abierto a negociar nuevas fórmulas con el PSOE de cara a acabar con ese bloqueo.
“Si no se llega a ese acuerdo tenemos que plantear una alternativa para salir de la situación. Si no es esta propuesta, que se nos plantee esa alternativa pero no conocemos ninguna mejor y, si la hay, estamos abiertos a estudiarla”, dijo en abril del año pasado el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para alertar de la situación de “ilegitimidad gravísima” que pesaba sobre el órgano de gobierno de los jueces, culpando al PP de dicho bloqueo.
