La nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado viernes, no sólo servirá para reconocer lugares importes en el desarrollo de la Guerra Civil o donde se produjeron episodios de represión durante el franquismo, sino también para declarar ‘lugares de memoria democrática’ enclaves de la historia del liberalismo patrio como las Cortes de Cádiz o el monumento a Mariana Pineda de Granada.
En concreto, la nueva norma establece que estos lugares tendrán una “función conmemorativa y didáctica” y que habrá que de crearse un inventario con todos ellos para darlos a conocer.
Según el artículo 49 de la ley, podrán obtener ese título espacios, inmuebles, parajes o patrimonios culturales inmateriales o intangibles en los que se hayan desarrollado “hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática” y “la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”.
Las administraciones públicas que sean titulares de estos bienes “estarán obligadas a garantizar su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada”.
En este contexto, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, subraya que la memoria democrática española no empieza con la II República, sino más de un siglo antes, con las Cortes de Cádiz que alumbraron ‘la Pepa’ en 1812.
