El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez que deje de “impugnar” el sistema y “deshonrar” la democracia con sus cesiones a los independentistas.
El líder popular ha justificado su intervención pública de hoy ante la “gravedad” de las afirmaciones que están haciendo los “máximos” representantes de las instituciones del Estado con la “escalada verbal sin precedente” y la “concatenación de decisiones a todas luces inaceptables en una democracia”.
Por ello, ha pedido que “rebaje la escalada verbal” iniciada por el presidente del Gobierno al hablar de “complot” y de “golpismo en España”. En este sentido, ha exclamado: “Basta ya de hablar de golpes de estado, intrigas contra la democracia, de llamar fachas con toga a jueces y magistrados, de decir que quien no está alineado con las tesis de Pedro Sánchez es un conspirador o un fascista y de cuestionar los elementos, procedimientos y principios que hacen de España una democracia liberal a la altura de las mejores del mundo”.
Feijóo ha reclamado al jefe del Ejecutivo que deje de “impugnar” el sistema que ha traído a España el mayor periodo de prosperidad y libertad en nuestra historia.
Y también le ha reclamado que deje deshonrar la democracia de nuestro país con las cesiones al independentismo. “Lo ocurrido es lo habitual en una legislatura estrambótica, no es hacer historia es deshonrar la tradición democrática de nuestro país”, ha exclamado el líder del PP.
Feijóo se pronuncia así tras la decisión de anoche del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), de paralizar la reforma legal impulsada por PSOE y Podemos en el Parlamento con el fin de cambiar, por una vía acelerada, el sistema de elección de los candidatos al Tribunal Constitucional que nombra el Consejo General del Poder Judicial. El TC admitía así el recurso del PP contra las dos enmiendas que lo hacían posible.
La decisión fue adoptada por 6 votos (los de la mayoría conservadora) frente a 5 (los de la minoría progresista), la misma mayoría con la que no aceptaron las recusaciones lanzadas por los partidos del Gobierno contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.
