El Gobierno ha incluido en su decreto anticrisis una oferta extraordinaria de empleo público de 1.000 plazas en las entidades locales para encargarse, entre otros asuntos, de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación financiadas con los fondos europeos.
Así aparece reflejado en el decreto que ha salido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras aprobarlo ayer el Consejo de Ministros. Según se explica, la ejecución de esta oferta de empleo público deberá realizarse en el plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias.
Para la convocatoria extraordinaria de estas plazas de empleo público, el Gobierno alega que las entidades locales deben contar con suficiente personal para realizar las funciones de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, cuya responsabilidad administrativa está reservada a la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
Sin embargo, el Ejecutivo precisa que la realidad actual “evidencia un problema estructural” de cobertura de los puestos reservados, que es ocasionada por el déficit de personal funcionario de carrera con habilitación nacional.
COMPLEMENTARIO A LA OFERTA 2022
Por ello, esta convocatoria de 1.000 plazas se ha efectuado con carácter adicional y complementario a la oferta de empleo público correspondiente a 2022. En las convocatorias que se realicen para las plazas que ahora se autorizan, se especificarán las subescalas que correspondan de las previstas en el artículo 92 bis de la Ley reguladora de las bases del régimen local, así como su distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada Comunidad Autónoma.
El Gobierno considera que es preciso reforzar de manera inmediata los medios personales destinados a las funciones de secretaría, comprensiva de fe pública y asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, la contabilidad, tesorería y recaudación, y el asesoramiento legal, funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.
