Podemos pretende llevar al Congreso una proposición de ley para hacer obligatorio que los presentadores de programas de actualidad y directivos de medios de comunicación hagan público sus “intereses económicos”, al igual que hacen los cargos públicos.
Según han explicado fuentes de la formación morada, están preparando esta iniciativa que repercutiría en presentadores y directores de programas con algún contenido político en los grandes medios de comunicación, los de los informativos, y los miembros de los consejos de dirección y los propietarios de una cantidad significativa de participaciones en los mismos.
Todos ellos tendrán la “obligación legal” de publicar sus participaciones en cualquier tipo de sociedades, cotizadas o no, especificando la actividad económica que desarrollan e incluyendo “muy especialmente” empresas que trabajan en sectores estratégicos, como la energía o la alimentación, así como sociedades que operen en áreas que afectan a los derechos fundamentales, como la sanidad, la educación, los cuidados o la vivienda. Y, además, empresas que facturen “una parte importante” de sus ingresos a la administración pública.
A su vez, estarían obligados a indicar cualquier facturación que lleven a cabo, de forma directa o indirecta, con otras empresas o con la administración pública.
CONOCER LOS INTERESES DE LOS QUE “MARCAN” LAS LÍNEAS EDITORIALES
Para los morados, con esta información la ciudadanía “podrá conocer con transparencia los intereses económicos de quienes dirigen y deciden la línea editorial de los medios de comunicación”.
Argumentan que “al igual que los políticos, pueden enfrentarse a conflictos de intereses que pongan en peligro el acceso constitucional a una información veraz de los ciudadanos”.
Las citadas fuentes aluden al caso “paradigmático” de la presentadora Ana Rosa Quintana, quien ha sido criticada por diversos dirigentes de esta formación en esta campaña, y su posición contraria a la Ley de Vivienda y recientemente se ha publicado que es propietaria de 44 pisos turísticos, actividad afectada por esta normativa. “Es un caso evidente de conflicto de intereses”, sentencian.
Finalmente, han subrayado que es necesaria una regulación dado que hay personas con “gran poder mediático” que “tienen la capacidad de orientar a la opinión pública, a veces no para proporcionar información veraz sino para condicionar la toma de decisiones legislativas y ejecutivas”.
