El Partido Popular ha exigido este jueves la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras designar a su predecesora y exministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Tras denunciar la “politización” de la Fiscalía, ha señalado que esa decisión es un “dedazo”.
En concreto, el fiscal general del Estado ha propuesto a Delgado para esa plaza de fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos a pesar del rechazo de la mayoría del Consejo Fiscal, que se ha puesto de manifiesto en un Pleno que se ha desarrollado con “bastante tensión”.
Fuentes fiscales consultadas por Europa Press han indicado que los 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– y el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, se han negado a participar en la deliberación y votación en señal de protesta.
MORO CONSIDERA QUE ES UNA “CONDUCTA MUY GRAVE”
La diputada y secretaria de Área de Justicia, María Jesús Moro, ha pedido la dimisión inmediata de García Ortiz ante lo que el PP considera una “conducta muy grave”, después de consumar el “dedazo” de Delgado pese al rechazo del Consejo Fiscal.
Además, ha señalado que la convocatoria del Consejo Fiscal para un nombramiento en vísperas de la celebración de unas elecciones generales es una decisión sin precedentes en democracia y ha criticado que, por segunda vez, el fiscal general del Estado haya beneficiado a “su amiga” Delgado para un puesto de estas características, como ya hizo cuando fue nombrada fiscal de Sala de la Jurisdicción Militar.
A su entender, es “incomprensible” que Ortiz haya consumado “este atropello” en contra de la mayoría de la carrera fiscal. “Nos oponemos con la legitimidad que ha planteado públicamente el presidente del PP, Alberto Núnez Feijóo, sobre cómo debe actuar el fiscal general del Estado en un sistema democrático y porque el PP no realizará este tipo de nombramientos cuando llegue al Gobierno”, ha añadido Moro.
Es más, ha dicho que es “una falta de respeto” a las instituciones, un “desprestigio” del Ministerio Fiscal y un “atentado” contra el Estado de derecho porque este nombramiento supone un “absoluto desprecio a las reglas básicas de la democracia”, según ha informado el PP en un comunicado.
Según la secretaria de Justicia del PP, con este nombramiento, además, se produce un desprecio a los profesionales que habían presentado su candidatura bajo parámetros profesionales y no políticos y de amiguismo, como ha ocurrido en el caso de la exfiscal general.
Finalmente, María Jesús Moro ha señalado que esta designación supone un ejemplo más de “la politización e intervención” de las instituciones “marca de la casa del sanchismo”, que ha ejercido el Gobierno en esta legislatura y que los españoles desterrarán a partir del próximo 23 de julio.
