El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha acusado a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de “deteriorar” el sistema educativo madrileño con la aplicación de medidas que, además, “no estaban en su programa electoral”.
Así lo ha advertido el portavoz adjunto del Grupo, Jesús Celada, tras la constitución este lunes de la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. Celada ha reconocido que les “preocupa enormemente” que desde la pasada cita electoral del 28M, en la que el PP de Díaz Ayuso obtuvo mayoría absoluta, se han ido poniendo en marcha medidas en el ámbito educativo “que no estaban incluidas en su programa electoral” y que “deterioran el sistema público educativo” de la Comunidad de Madrid, tales como los cambios en la gestión de las becas comedor que “deja atrás a las familias más vulnerables” o “la supresión de la modalidad presencial” en el Bachillerato nocturno y las escuelas oficiales de idiomas.
También se ha referido Celada, en declaraciones a los medios de comunicación, a la “supresión de plazas docentes y de aulas” en la educación pública madrileña, actuaciones todas ellas que, a su juicio, suponen “engañar a los ciudadanos”.
Las listas de espera en la Formación Profesional (FP) o la presencia “cada vez más” de las universidades privadas, evidencian para el portavoz adjunto del PSOE que “el Gobierno Ayuso está persuadiendo a las familias” para que recurran al sector privado.
Por su parte, el portavoz de Educación del Grupo Socialista, Esteban Álvarez, ha insistido en que las aplicadas por el nuevo Ejecutivo autonómico son “medidas de gran calado” y ha advertido a la Comunidad de que “no se puede mentir a todo el mundo todo el tiempo”.
Álvarez ha censurado que desde la Puerta del Sol se haga “lo que se dice que no se va a hacer” mientras no se lleva a cabo “lo que se dice que se va hacer”.
Por otro lado, el portavoz educativo del Grupo Socialista ha reclamado el fin de la tasa de 400 euros que deben abonar los beneficiarios de las becas de FP de Grado Superior, “la única comunidad autónoma junto con Cataluña que la impone”, según ha advertido, y que “sirve para financiar en parte el cheque” que el Gobierno regional ofrece “a los alumnos que se matriculen en centros privados”, los cuales ya suponen, ha criticado, “el 45% de la red de Grado Superior”.
AGRAVIO PARA LA ENSEÑANZA PÚBLICA
En este sentido, considera que mientras las becas para los alumnos de la pública están vinculadas a resultados, a los de la privada se les ofrecen “sin condiciones”. “No es así como debe ser”, ha apostillado Esteban Álvarez, quien ha reclamado la elaboración de una Ley de FP autonómica, así como la supresión de la mencionada tasa.
El portavoz de Educación socialista ha reprochado, además, la coincidencia en la Comunidad de Madrid de oposiciones para docentes de Secundaria y de Régimen Especial, lo que supone un esfuerzo para “tribunales saturados” en medio de una ola de calor, así como “un maltrato al profesorado”, una “incapacidad de gestión” que “empieza a ser preocupante”.
Por otro lado, el parlamentario socialista se ha referido a la estrategia anunciada por la Comunidad en 2020 para fomentar los centros de adultos y que, según ha denunciado, “no se ha hecho”, mientras respecto a la reducción de ratios en primero de la ESO ha advertido de que “ni un sólo centro dispone de ocho aulas libres” para acoger a los nuevos grupos que se desdoblarían en los próximos cuatro años si se éstos se cierran en 28 alumnos –tal como está ocurriendo “en el 68% de los centros, según ha afirmado, a pesar de que “se prometió reducirlos a 20”–.
Por último, Esteban Álvarez ha lamentado que desde 2009 el Presupuesto educativo de la Comunidad de Madrid “en euros contantes” sólo haya crecido “por las aportaciones del Ministerio”, frente al “abandono” y “deterioro” de la enseñanza pública por parte de la Administración regional.
“En cuatro años, la enseñanza pública tal como la conocemos desaparecerá”, ha sentenciado Álvarez, mientras que Celada ha recalcado que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea va a ser “contundente” en la defensa del sistema público de Educación para que “no deje a nadie atrás” ni “vulnere la libertad de elección” de las familias en favor de la enseñanza privada o concertada.
