Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitan una reunión extraordinaria para aprobar una declaración institucional en contra de la amnistía, que consideran una amenaza para el Estado de derecho. Estos vocales, que pertenecen al sector conservador, argumentan que rompen su silencio debido a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado públicamente la concesión de esta medida y la ha pactado con partidos políticos, incluyendo uno liderado por un fugitivo de la justicia que se beneficiaría personalmente. Además, afirman que lo hace en interés de España para evitar la formación de un gobierno de partidos de derecha en caso de repetición electoral.
El CGPJ actualmente tiene 16 miembros, y se necesitan al menos nueve votos para aprobar la declaración. El texto está firmado por los vocales Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona.
Estos vocales argumentan que confundir el “interés de España” con el interés del presidente en funciones para evitar la formación de gobiernos de ideología diferente es incompatible con el principio de pluralismo político, un valor fundamental en el ordenamiento jurídico. Además, consideran que no es compatible con el principio de Estado de derecho ni con la responsabilidad de los poderes públicos que los responsables políticos queden exentos de responder por sus delitos ante los tribunales, solo para obtener beneficios personales y políticos o para mantenerse en el gobierno.
Alegan que esto convierte el Estado de derecho en un objeto de mercadeo al servicio de intereses personales, lo que va en contra del principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley proclamado en la Constitución. Además, argumentan que se socava la independencia de los tribunales, ya que las fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para evitar la acción de los tribunales, lo que pone en riesgo la independencia y la seguridad jurídica.
Finalmente, sostienen que la medida anunciada por el presidente del Gobierno no solo va en contra de la Constitución española, sino también de los compromisos asumidos por España en el Tratado de la Unión Europea, que defienden los principios del Estado de derecho y la independencia judicial en todo momento.
