Tras el revés sufrido por la Ley Ómnibus en el Congreso, se ha sabido que un conjunto de diputados pertenecientes a La Libertad Avanza ha presentado un proyecto de ley con el objetivo de anular la ley de aborto, sancionada en diciembre de 2020.
La información se hizo pública en la velada del miércoles, si bien el expediente, identificado con el número de trámite parlamentario 233, fue registrado en el sistema de entradas de la Cámara de Diputados el lunes previo.
El proyecto en cuestión busca derogar la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigor tras su promulgación el 14 de enero de 2021.
La iniciativa pretende revertir la situación legal al estado previo a la normativa actual, enfrentándose a las interrupciones del embarazo que, antes de la legalización del aborto, eran permitidas bajo ciertas causales -como el riesgo para la salud de la mujer o en casos de violación- estipuladas en el Código Civil desde 1921 y reafirmadas por la Corte Suprema en 2012. La propuesta de La Libertad Avanza, por su parte, limita los casos a situaciones de “riesgo de vida”.
De ser aprobada, la nueva ley establecería que la persona que realice un aborto con el consentimiento de la mujer involucrada será sancionada con una pena de reclusión o prisión de uno a cuatro años. En caso de no contar con dicho consentimiento, la pena se incrementaría a entre tres y diez años de prisión.
Además, se contempla imponer sanciones a los profesionales de la salud implicados, quienes serían sujetos a una inhabilitación especial por un periodo doble al de su condena si “abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo”.
La fundamentación de los libertarios para derogar la ley de aborto gira en torno a la calificación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un “eufemismo” y una “justificación”, argumentando que el término busca confundir, presentando el acto de abortar como un derecho, cuando en realidad se trataría del fin de la vida del no nacido.
Respecto a los abortos realizados tras una violación, el proyecto sugiere eliminar la causal de no punibilidad, al considerar que ha sido interpretada de manera que justifica la práctica del aborto. Sin embargo, establece que estos casos podrían quedar amparados bajo una nueva redacción que permitiría al juez eximir de pena a la mujer, manteniendo el carácter delictivo del acto.
La autora concluye que no existe justificación alguna, por más dramática que sea, para terminar con una vida inocente.
En la actualidad, el aborto es legal en Argentina sin necesidad de justificarlo médica o intelectualmente desde la sanción de la Ley 27.610 en diciembre de 2020, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las primeras 14 semanas de gestación. Pasado este periodo, solo es posible acceder al aborto bajo las causales previas a esta ley, cuestionadas por el proyecto libertario.
La legalización del aborto, seguro y gratuito, se logró tras un largo y detallado debate legislativo, así como manifestaciones significativas a favor y en contra de la medida. Esta ley había enfrentado un intento previo en 2018, cuando fue rechazada por la Cámara de Senadores.
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