La Fiscalía General de El Salvador presentó ante diferentes tribunales acusaciones para procesar penalmente a 1.589 supuestos pandilleros pertenecientes a grupos de la Mara Salvatrucha (MS13). Acusados principalmente del delito de agrupaciones ilícitas.
Un representante de la Fiscalía explicó en un video difundido en X que se presentaron 5 solicitudes en contra de miembros de “5 clicas (grupos) de la MS13”. Estas operaban en las zonas de oriente, occidente, centro, paracentral del país y en San Salvador.
El fiscal no especificó si los más de 1.500 supuestos pandilleros enfrentarán un solo proceso o las diligencias se llevarán a cabo por grupos de manera simultánea por zona. Trampoco adelantó las fechas del proceso o procesos.
El Ministerio Público en un hilo en X informó que “todos los criminales fueron capturados bajo el régimen de excepción y serán asociados por su pertenencia a la misma estructura terrorista”.
Procesos masivos contra maras en El Salvador
Además de agrupaciones ilícitas, se les señala de cometer delitos de homicidio, proporción y conspiración para homicidios. Así como portación y tenencia ilegal de arma de juego y “de guerra”, y actividades relativas a las drogas, según la fuente.
Reformas penales aprobadas en la Asamblea Legislativa e impulsadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, permiten realizar procesos penales masivos sin que sea necesario individualizar las responsabilidades de los acusados.
Se desconoce cuántos procesos penales masivos lleva a cabo la Fiscalía en el contexto de la medida de excepción. Esta se implementa desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
El régimen de excepción se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022-. Lo que según investigaciones del medio local El Faro se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las bandas criminales.
En el marco de este régimen, las autoridades reportan más de 79.200 detenciones y las organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan al menos 240 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
