El PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios han evitado este jueves la reprobación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, en el Pleno del Congreso, una censura que había planteado Vox y que apoyó el PP por lo que consideran “intolerable” conducta al frente del ministerio público.
Este asunto se incluía en una moción de Vox que el Pleno de la Cámara baja ha votado separadamente cada uno de sus siete puntos, y todos han sido rechazados por los partidos del Gobierno y sus aliados de investidura, tanto independentistas (ERC, Junts, Bildu) como nacionalistas (PNV, BNG y CC).
En concreto, el Congreso ha rechazado instar al Gobierno a cesar en su permanente ataque a la independencia del poder judicial y el sometimiento político de las instituciones e impulsar las reformas necesarias para garantizar la despolitización de la justicia y la neutralidad de las instituciones.
EL PP NO APOYA LA ELECCIÓN DEL CGPJ POR LOS JUECES
También la mayoría de la Cámara Baja se ha mostrado en contra de promover la modificación de la Ley del Poder Judicial para que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por jueces y magistrados, un punto en el que Vox se ha quedado solo porque el PP y UPN han preferido abstenerse.
Otro punto que tampoco apoyó el PP pedía al Gobierno impulsar la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para suprimir su artículo 570 bis y dejar sin efecto la reforma legal de 2021 cuya única finalidad, según Vox, era atacar la independencia judicial.
Los de Santiago Abascal también se han quedado solos pidiendo que se respete la independencia del Poder Judicial y asumiendo el compromiso de que el proyecto de ley que vaya a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal continúe otorgando a los jueces la instrucción del proceso penal.
Lo que sí ha apoyado el PP son los puntos relativos a garantizar la idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia del fiscal general del Estado, a destituir de forma inmediata a Álvaro García Ortiz por su “intolerable conducta”, y a pedir al Ejecutivo que se comprometa “decididamente en la lucha contra la corrupción, facilitando la acción de la Justicia sin interferir en la misma, sin permitir señalamientos a jueces y magistrados”.
