El caso que involucra al eurodiputado Alvise Pérez y al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo sigue generando polémica en la Audiencia Nacional. Las revelaciones apuntan a un intercambio de dinero opaco y promesas de beneficio mutuo en plena campaña electoral.
El reconocimiento de Álvaro Romillo
Álvaro Romillo, empresario vinculado al colapso de Madeira Invest Club (MIC), admitió este miércoles haber entregado 100.000 euros en efectivo al entonces candidato Alvise Pérez. Según su testimonio, el dinero no estaba vinculado a servicios profesionales, sino a la expectativa de “favores futuros”. Este pago fue gestionado a través de Sentinel, una empresa de seguridad que ofrecía total confidencialidad.
El papel de Alvise Pérez
Pese a haber sido citado por el juez José Luis Calama para declarar voluntariamente, Alvise no se presentó. Sin embargo, sus abogados aseguran que comparecerá en una fecha futura. En conversaciones presentadas como prueba, Alvise buscó apoyo financiero para su campaña a cambio de promocionar negocios entre sus seguidores. Aunque reconoció haber recibido el dinero, argumentó que se trataba de un trabajo como autónomo, sin aportar detalles claros.
Relación mercantil y financiación opaca
Los mensajes entre Romillo y Alvise revelan una relación mercantil más que política. El empresario buscaba promocionar su negocio de inversiones, mientras que Alvise, con un discurso crítico hacia el Estado, buscaba recursos para financiar su campaña. Según los mensajes, Alvise se mostró dispuesto a realizar promociones y contenido viral en sus redes para satisfacer las expectativas de Romillo.
Vínculos con Madeira Invest Club
Romillo lideraba Madeira Invest Club, una plataforma ahora desaparecida que organizaba actos promocionales en los que participó Alvise. Las pruebas apuntan a una colaboración estrecha, aunque el empresario ahora admite que los pagos fueron simplemente un intercambio por promesas futuras, sin servicios reales.
Implicaciones legales
El juez ha abierto una causa por financiación ilegal en la que Alvise podría enfrentar serias consecuencias. Mientras tanto, la defensa del eurodiputado intenta justificar los pagos como legítimos, en un intento por desvincularlos de actividades ilícitas.
