la necesidad de “erradicar las fuerzas pro-Corea del Norte y proteger el orden democrático constitucional” del país.
Esta medida se produce en un contexto de tensiones políticas internas, donde el presidente Yoon ha acusado a la oposición de controlar el parlamento y de paralizar las actividades gubernamentales con acciones que considera antiestatales.
La declaración de la ley marcial otorga al gobierno poderes ampliados, incluyendo la posibilidad de restringir ciertas libertades civiles y de movilizar a las fuerzas militares para mantener el orden. Sin embargo, aún no está claro cómo estas medidas afectarán la gobernanza y la democracia en Corea del Sur.
Tras el anuncio, el principal partido de la oposición, el Partido Democrático, ha convocado una reunión de emergencia para discutir la situación.
La última vez que se impuso la ley marcial en Corea del Sur fue en 1980, durante el levantamiento de Gwangju, un evento que resultó en una violenta represión militar y numerosas víctimas civiles.
La comunidad internacional está observando de cerca estos acontecimientos, dada la importancia de Corea del Sur en la región y su papel en la economía global.
