La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “cargarse” las acusaciones populares y dejar a las víctimas “sin capacidad de acción”, por el registro de una proposición de ley por parte del PSOE en el Congreso que busca limitar la acusación popular para que no puedan ejercerla partidos políticos ni asociaciones y fundaciones vinculados a ellos.
“El proyecto hace algo perverso: prohíbe actuar como acusación popular a las asociaciones que tengan vinculación con algún partido político, un concepto jurídico indeterminado, pues quedará a la interpretación de los jueces el alcance de la palabra vinculación”, ha afirmado en un comunicado el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, quien ha asegurado también que “va contra el artículo 125 de la Constitución”.
“Se carga las acusaciones populares y deja a las víctimas sin capacidad de acción, pues no nos permite participar en los procedimientos más allá del enaltecimiento, que el propio Gobierno pretende despenalizar, como ya han anunciado sus socios en el Ejecutivo”, según Portero.
Dignidad y Justicia incide en que Sánchez “está dando un golpe de estado y encaminando al país hacia una tiranía” ya que, tras tener “controlado” el poder ejecutivo, legislativo y el Tribunal Constitucional, ahora “pretende” controlar todo el sistema judicial “por la puerta de atrás, con el objetivo de poner fin a las causas que hay abiertas contra su entorno”.
El pasado viernes el Grupo Parlamentario Socialista registró en el Congreso de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales, que pretende, entre otras, frenar las “acciones judiciales abusivas” y acotar el papel de las acusaciones populares “para proteger derechos fundamentales como el derecho al honor, a la intimidad, a la participación política y a la tutela judicial”.
La asociación asegura, textualmente, que Sánchez quiere eliminar la figura de la acusación popular con el fin de que solo sea la Fiscalía la que tenga el poder para impulsar procedimientos. “Sin la acusación popular, sin embargo, ni el caso Faisán, ni muchas investigaciones contra el entorno de ETA, ni las causas contra los jefes de la banda, ni la mitad de la lucha contra el terrorismo estarían hoy vivas en los tribunales o con sentencia condenatoria”.
Portero ha señalado que la proposición de ley presentada por el PSOE “es jurídicamente un despropósito” por dos motivos: “Uno, pretende extender a las causas penales una directiva europea que aplica únicamente para procedimientos civiles; y dos, su redacción es incoherente: plantea modificaciones que luego ni siquiera el propio texto hace, como la supresión de la referencia a las faltas, la restricción de los supuestos para que varias asociaciones se personen bajo una misma representación o la exclusión de la acusación popular a pesar de que el terrorismo es un bien jurídico protegido”.
