La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido la decisión de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tribute en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Argumenta que, con el reciente aumento del SMI a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, este ya no es una “renta de subsistencia”, sino un “sueldo digno”, lo que implica “tener deberes”, como el pago de impuestos.
Montero ha señalado que solo el 20% de los perceptores del SMI, principalmente personas solteras sin hijos a su cargo, estarán sujetos al pago del IRPF. Ha enfatizado la necesidad de garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar y ha mencionado que en muchos países de la Unión Europea, como Alemania o Francia, el SMI también tributa.
Esta postura ha generado tensiones dentro del Gobierno de coalición. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su desacuerdo, indicando que históricamente Hacienda ha eximido del IRPF a quienes perciben el SMI y que su labor ha sido incrementar esta remuneración mínima. Díaz ha solicitado una reunión con Hacienda para abordar esta cuestión.
Por su parte, la coalición Sumar ha intensificado la presión para que Hacienda reconsidere su decisión, argumentando que la tributación del SMI afectará a una parte significativa de los trabajadores con menores ingresos.
